El Gobierno avanza con los peajes y encarga un estudio jurídico y fiscal sobre la medida

El Gobierno aseguró antes de verano que no consideraba adecuado implantar peajes en las vías de gran capacidad españolas en el corto plazo debido a la difícil coyuntura económica actual. Pero eso no significa que el proyecto languidezca en un cajón. Sigue vivo y avanza. En diciembre, avanzó un plan estratégico para convertir a la Sociedad Española de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt) en la gestora de los peajes que quiere implantar. Y el pasado 10 de agosto, la compañía de ingeniería pública Ineco, que está desarrollando un estudio de alternativas del modelo de gestión y financiación de la red viaria por encargo del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), adjudicó a la consultora KPMG un contrato de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras para que le ayude con sus trabajos, tal y como ha avanzado “El Confidencial”.

Según explica el pliego de contratación, para completar su estudio, Ineco requiere contar con un apoyo especializado en el ámbito de las infraestructuras viales y del transporte por carretera. De manera particular, añade, en materia jurídica y legal; así como fiscal, impositiva y tributaria. De ahí el contrato ahora adjudicado.

Entre sus cometidos, KPMG dará apoyo a Ineco para analizar la normativa de derecho comunitario europeo y derecho nacional existente en materia de infraestructuras y transporte. También le ayudará en el análisis del encaje legal de las distintas alternativas del modelo de gestión que será definido por Ineco para el nuevo sistema de cobro de la red de carreteras propuesta y trabajará para identificar los impactos jurídicos que se pudieran derivar debido a la implementación del nuevo sistema de tarificación.

Diseño del sistema

Así, prosigue el pliego, la consultora apoyará a Ineco en el “estudio, análisis y definición de las medidas y mecanismos de mejor aplicación tanto para su diseño e implementación, como para la gestión y operación de este y para el control de su cumplimiento por parte de los usuarios, y establecimiento en su caso del procedimiento de prevención del fraude y del régimen de sanciones”. También en el “análisis de las implicaciones que podría tener la posible extensión del nuevo modelo de gestión y financiación a otras redes viales gestionadas por comunidades autónomas, provincias y municipios”. El Gobierno considera a este respecto que si los peajes no se aplican de forma unificada y coherente, habrá «distorsiones indeseables», como recoge la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030. Igualmente, le asesorará sobre la problemática relativa al destino de los ingresos obtenidos por la imposición de este nuevo modelo de tarificación de las carreteras (”tasa finalista vs principio de caja única”).

KPMG también debe ayudar a Ineco a encontrar fórmulas que hagan digerible a los usuarios la aplicación de los peajes. Así, el contrato incluye al análisis de la “viabilidad jurídica de las distintas fórmulas que faciliten la aceptación social del nuevo sistema de cobro de peaje, desde un punto de vista de la progresividad fiscal hacia los usuarios”. Para ello, deberá poner el foco en identificar “mecanismos jurídicos y normativos que promuevan una progresividad fiscal o de descuentos en el pago por parte de los usuarios”. En caso de no existir estos y de detectarse su necesidad, se profundizará en el procedimiento a seguir para lograr su implementación, añade. También deberá analizar las implicaciones legales que puede provocar la implementación de las distintas propuestas, en términos de derecho nacional y de derecho comunitario, para garantizar su viabilidad. Entre los aspectos que deberán tenerse en consideración, explica, destacan la problemática de la doble imposición, los cambios en la normativa fiscal que eventualmente habría que llevar a cabo, y el carácter finalista de los tributos.

Hidrocarburos

La consultora llevará además a cabo un análisis de la regulación del impuesto de hidrocarburos, cuyos puntos principales serán el estudio de la regulación del impuesto e identificación de su ámbito objetivo y territorial interno de aplicación, así como de los supuestos de no sujeción, exención y tipos de gravamen aplicable a usuarios, tanto en lo que respecta al tramo estatal como autonómico; y el análisis y estudio de las repercusiones fiscales que asume el usuario final tanto del impuesto de hidrocarburos como del IVA. En concreto, el estudio se realizará desde la perspectiva del precio que pagan los distintos usuarios de las carreteras por litro de combustible para identificar cómo se determina el porcentaje de aplicación que corresponde a cada tributo.

Como recuerda el pliego, la tarificación de infraestructuras está contemplada como reforma a desarrollar en las componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que se remitió a Bruselas para que España recibiese 70.000 millones de euros de los fondos de ayuda para recuperarse del coronavirus. El plan incluye la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político. La Componente 28 del PRTR establece que “con el fin de lograr una movilidad más sostenible, deberán analizarse las figuras que gravan o que podrían gravar la utilización o disposición de vehículos o el uso de carreteras, entre otros”, estableciendo el cuarto trimestre de 2023 como la fecha en la que se realizará la revisión de esta medida y otras que inciden sobre la movilidad sostenible.