El precio del gasóleo y la falta de relevo generacional ponen contra las cuerdas al sector pesquero

La flota pesquera empieza con preocupación por los precios del gasóleo, la inflación y el persistente problema del relevo generacional, un curso nuevo cargado de retos y de reformas legales en España y la Unión Europea. Los pescadores entran en el curso con más inquietud que hace un año por el alza del gasóleo, como consecuencia de la guerra en Ucrania y la situación de inflación. La agenda ha comenzado esta misma semana con las comparecencias en el Congreso de los Diputados sobre el proyecto de la Ley de Pesca sostenible.

El problema del gasóleo

El secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat, destaca a Efe la crisis como consecuencia de la guerra de Ucrania, por su impacto en el precio del combustible. “El sector está sin duda peor que hace un año, pese a que estábamos en pandemia” ha subrayado. El coste del gasóleo pesquero “se ha triplicado” durante ese período y cotiza a 0,87 céntimos por litro, descontados los 20 céntimos de ayuda que aprobó el Gobierno. En relación a las ayudas a la flota para paliar la invasión rusa, ha explicado que han llegado algunos apoyos, pero muchos armadores siguen los trámites y “tardarán”.

Rebaja del IVA

Ante la inflación y el encarecimiento de los alimentos, los pescadores, la distribución, los acuicultores y las conserveras seguirán demandado una rebaja del IVA del pescado y del marisco del 10 % actual al 4 % (tipo superreducido). Cepesca (CEOE) se ha pronunciado en contra de la propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para poner tope a los precios y ha emplazado a la bajada de impuestos para abaratar el pescado.

Falta de relevo generacional

Los armadores, economistas y otras asociaciones que agrupan a la pesca de bajura han alertado del “gravísimo” problema de relevo generacional, tal y como subrayó el presidente de la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras (FNCP), Basilio Otero en el Congreso. Según Garat, la solución sería una “normativa que garantice la seguridad jurídica”, y proporcione tranquilidad a las empresas, al igual que unas reglas de la UE más fáciles de cumplir y que hagan “más atractivo” trabajar en el mar.

Reforma de la Ley de Pesca

Los debates sobre la Ley de Pesca Sostenible han puesto de manifiesto la disparidad de opiniones sobre el proyecto legislativo, que plantea cambios en el reparto de las cuotas para que además de derechos históricos se otorguen según otros criterios. También prevé que la Administración pueda llegar a reservarse un 10% de las cuotas anuales (ahora está en un 3%). Entre los detractores de esos cambios destacan los armadores y las comunidades autónomas de Galicia y Murcia, favorables a preservar los criterios históricos. Por el contrario, han apoyado un nuevo reparto los ecologistas, las cofradías y asociaciones de buques de artes menores como MedArtNet (Mediterráneo) y la Federación Nacional de Pesca Artesanal (Fenapa).

Agenda de Bruselas

Entre las propuestas de la Comisión Europea (CE) que inquietan a la flota, en este caso al arrastre, figura la que prevé el cierre de 87 zonas de pesca para proteger ecosistemas marinos vulnerables. En diciembre, los ministros de Pesca de la UE celebrarán en Bruselas la tradicional negociación de fin de año sobre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) de 2023. Por otro lado, la CE prepara su informe sobre la reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC), aunque el Ejecutivo comunitario opina que no hacen falta grandes cambios sino más control, mientras que la flota española pide modificaciones en las obligaciones de desembarque de capturas. También está en juego la negociación de la UE para actualizar la ley sobre control pesquero.

Especies a proteger

Las naciones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, siglas en inglés) se reunirán en noviembre en Oporto (Portugal) para negociar las cuotas de atún rojo, que el sector español aspira a incrementar, y de túnidos tropicales. En noviembre también habrá una sesión del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en Panamá, que tratará una propuesta para cambiar la calificación de la tintorera (tiburón) que preocupa a la flota palangrera española porque restringiría su pesca.

Un total de 8.732 barcos componen la flota española, que factura más de 2.000 millones de euros anuales, genera 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos.