Montero recula y revisará el ‘impuestazo’ a banca y energéticas para adaptarlo a las exigencias de la UE

El Gobierno ya reconoce que el impuestazo a banca y energéticas que pretende aprobar tras iniciar su trámite en el Congreso ha sufrido una pasada de frenada que puede abrir la puerta a su impugnación, tras definir la Comisión Europea que este tributo extraordinario deberá ajustarse a la “contribución solidaria”, lo que obliga a los técnicos tributarios a introducir cambios sustanciales en la figura impositiva, para que en lugar de gravar los ingresos se graven los beneficios de estas empresas.

Pese a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha reconocido explícitamente si hará ese cambio normativo -ha declarado en Antena 3 que para el Gobierno gravar beneficios o gravar ingresos “nunca fue una cuestión técnica pues lo importante era pedirle un esfuerzo a las eléctricas y a las entidades financieras”-, fuentes gubernamentales explicaron a LA RAZÓN que “queda claro” que implicará un cambio en la aplicación del gravamen, que iría dirigido solo sobre los beneficios extraordinarios de algunas empresas energéticas -las que excedan sus ganancias en más de un 20% las obtenidas en la media del periodo 2019-2021-, como plantea Bruselas.

La intención de los socios de Gobierno era aplicar el impuesto sobre todas las energéticas, algo que con lo presentado el miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya no sería posible, dando la razón al Partido Popular, algo que la propia la ministra ha intentado soslayar, acusando al líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de practicar “una política tramposa. Cuando se le desmonta una excusa, se busca otra”.

En el texto que detalla el documento presentado por el Gobierno en el Congreso para definir este impuestazo se evitó que apareciera la expresión “beneficios extraordinarios” para definir la figura sobre la que aplicar el gravamen, y lo hizo definiendo la imposición en base a los rendimientos netos obtenidos, es decir sobre la facturación y los ingresos -en el caso de la banca, con los márgenes por intereses y comisiones-. Pero la disposición presentada por Bruselas obligará a cambiar el texto y el sentido del tributo, también en el aspecto temporal, ya que la medida europea tendrá una vigencia anual, mientras que la diseñada por Hacienda se mantendría dos ejercicios, 2022 y 2023.

Lejos de reconocer públicamente el error de concepción, Montero presumió de que España ha ido a la vanguardia en esta cuestión, pues fue el primer país que planteó este tributo a las energéticas y también a las entidades bancarias. “Hemos sido los primeros en Europa en plantear esta medida. Europa ha venido detrás”. Eso sí, no pudo por menos que admitir que “cuando termine la discusión de la Comisión, en la que España también está participando, se ajustará el impuesto español a la figura que se decida en Bruselas”.

Fuentes ministeriales negaron a LA RAZÓN que la ministra haya realizado “una rectificación” de sus planteamientos, incidiendo en que “España adaptará la normativa europea como hace siempre en estos casos. Igual que se hará con la tasa Google. No hay ni rectificación, ni pliegue ni, evidentemente, se está dando la razón al PP. El Gobierno lleva meses defendiendo que el sector energético, cuya cuenta de resultados se ve favorecida por el contexto político y económico, debería contribuir más para garantizar un reparto justo de las cargas”. De momento, el Ejecutivo mantendrá sin cambios la tramitación en el Congreso, aunque es consciente de la obligatoriedad “de adaptar la legislación nacional a los acuerdos, medidas y obligaciones que se aprueben a nivel comunitario. Pero, hasta el momento, no se ha aprobado ningún acuerdo a nivel europeo”.

La ministra de Hacienda también ha descartado rebajar el IVA a más productos de la cesta de la compra, así como la propuesta de Podemos de topar la subida de las hipotecas. En el caso del IVA de los productos alimenticios, la mayoría están ya en el tipo superreducido del 4%, por lo que este impuesto “no podemos aplicar permanentemente de forma generalizada una rebaja fiscal ante cada problema porque eso implicaría que no tengamos capacidad de ayudar a quienes tienen más necesidades. Muchas veces se nos pide que las medidas estén proporcionadas a los niveles de renta, y este impuesto no lo permite”, ha argumentado.

Asimismo, ha descartado totalmente la propuesta de Podemos de topar de forma temporal la subida de las hipotecas de tipo variable para familias vulnerables porque “no es ajustado al marco jurídico” y puede traer “dificultades” para los ciudadanos con hipotecas a tipo fijo. “Siempre las medidas que tenemos que plantear tienen que ser medidas justas, que no penalicen a una parte frente a otra, y eso significa que hay que hacer un estudio detallado de qué manera y cómo se les puede pedir a los bancos que ayuden ante un incremento de las hipotecas que ya habíamos anticipado. De ahí el impuesto a la banca”.