El Gobierno confirma un nuevo impuesto a las grandes fortunas “temporal” a partir de 2023

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que “el Gobierno está trabajando” en la posibilidad decrear un nuevo impuesto temporal para las grandes fortunas, en línea con la propuesta de Unidas Podemos y que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2023. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Montero ha defendido la necesidad de “pedir un mayor esfuerzo” a quienes tienen beneficios extraordinarios, como las empresas energéticas, y a las “mayores rentas”.

Montero ha eludido dar detalles sobre el eventual futuro impuesto, porque “hay que dejar que los técnicos trabajen”, pero ha apuntado que sería temporal -igual que los gravámenes a las energéticas y la banca, que estarán vigentes dos años-. La ministra también ha mostrado su intención de que el impuesto esté en vigor a comienzos del próximo año, aunque “habrá que ver la tramitación”, y tampoco ha desvelado si se incluirá en los Presupuestos de 2023.

Este impuesto sería diferente del actual impuesto de patrimonio, que grava los patrimonios por encima de 700.000 euros -excluidos 300.000 euros de vivienda habitual-, cedido a las comunidades autónomas y que Madrid (y próximamente Andalucía y Murcia) bonifica en su totalidad.

Medidas anticrisis

Durante su intervención en el pleno, la ministra también ha anunciado que no descarta prorrogar o aprobar nuevas medidas para afrontar la crisis energética y de precios provocada por la invasión rusa de Ucrania, pero las ha desvinculado del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que llevará próximamente a las Cortes.

En su intervención para informar a la Cámara del techo de gasto para el próximo año y defender la suspensión de las reglas fiscales por la situación de excepcionalidad, Montero ha dicho que el nuevo Presupuesto “va a responder a ese gasto estructural, con independencia de las medidas extraordinarias que sea necesario prorrogar”. En este sentido, ha explicado que conforme se aproxime la conclusión de su vigencia, el Ejecutivo decidirá qué medidas deben ser prorrogadas o incluso “si es necesario incorporar medidas adicionales”.

Nuevo techo de gasto

La titular de Hacienda ha informado a la Cámara del límite de gasto no financiero que contempla el Gobierno para el próximo año, un techo de gasto de 198.221 millones de euros, un 1,1% más que el año pasado, hasta alcanzar una nueva “cifra histórica”. Sin contar con los fondos europeos se queda en 173.065 millones pero supone un crecimiento mayor, del 1,9% respecto a 2022. Este marco contempla una transferencia de 19.888 millones para la Seguridad Social, un 8,1%, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo para sanear las cuentas del sistema público de pensiones y la asunción de los llamados gastos impropios.

Pese a la suspensión de las reglas fiscales, Montero ha subrayado el compromiso con la estabilidad presupuestaria, asegurando que el Estado acumula cuatro trimestres reduciendo la deuda pública, pese a la situación de dificultad, y que el objetivo es lograr un estrechamiento mayor del déficit, del 5% previsto para este año hasta el 3,9%.

Finalmente, Montero ha apelado a los grupos de la oposición a abandonar la “toxicidad política”, apelando al PP para salir del “catastrofismo, el negacionismo y obstruccionismo” que, ha dicho, “no es proyecto de país”. Por ello, ha pedido respaldo parlamentario para mantener una suspensión de las reglas fiscales “necesaria”, y a los socios dispuestos a continuar su alianza en los próximos Presupuestos, asumiendo que la votación no supone “un cheque en blanco” para las nuevas cuentas, ha apelado a ellos para “abrir una senda de diálogo” para enmendar y mejorar las nuevas cuentas.