Los sindicatos rechazan la subida de Montero a los funcionarios: el 1,5% en 2022 y el 2,5% en 2023

Reclaman un acuerdo a más largo plazo y otras medidas, como implantar la jornada de 35 horas o recuperar los recortes en el sueldo desde 2010

“Consideramos la propuesta claramente insuficiente para aceptarla, aunque apreciamos el esfuerzo hecho”. Esta frase lanzada por José Luis Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos, tras la reunión entre los sindicatos y los representantes del Gobierno resume la mala sensación provocada por la propuesta inicial hecha por Hacienda: un incremento del 1,5% para 2022 y un 2,5% para el próximo ejercicio. Además,

El Gobierno estaba valorando ofrecer a los sindicatos un aumento salarial inicial para los empleados públicos del 3,5% para 2023, pero decidió subir su apuesta y ofrecer una subida adicional inmediata del 1,5% este mismo año -que se sumaría al 2% aprobado- y otro 2,5% para el que viene -un 6% global en los dos ejercicios-, a lo que sumaría otro 2% en 2024 -total, un 8%-. Pero su propuesta ha caído en saco roto y ha sido rechazada por las tres organizaciones (CSIF, CC OO y UGT), aunque ven “margen para la negociación. Tiene aspectos positivos, como que el Gobierno se ha sentado por fin a negociar y que se aviene a compensar la desviación de la inflación este mismo año, pero la propuesta es insuficiente ahora mismo”, explicaron desde CSIF. Siguen exigiendo pactar un convenio más a largo plazo de subidas graduales a varios años y fórmulas de compensación por el repunte de la inflación. En principio, el Ejecutivo no sería partidario de una compensación directa y preferiría condicionarla al crecimiento del PIB o al nivel de la inflación alcanzado al cierre del ejercicio

Ante la presión sindical de las últimas semanas -incluida una gran manifestación celebrada por la central CSIF-, el Ejecutivo se ha visto forzado a ofrecer una revisión antes de que finalice este año, que mejoraría el incremento del 2% aprobado en los Presupuestos Generales de este por la presión inflacionaria, situada ya por encima del 10%.

Fuentes sindicales confirmaron, a pesar del rechazo inicial, manifestaron que “parece un buen punto de partida” de la negociación, pero su intención es facilitar un acuerdo a más “largo plazo”, que durante un ciclo más largo compense a los funcionarios por el repunte de la inflación que pueda producirse. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, de momento se ha quedado en una acuerdo a plurianual años y se ha enrocado en su postura sobre las posibles compensaciones, ya que todas las proyecciones apuntan a que la subida de los precios seguirá siendo muy intensa el próximo año.

Durante la reunión, en la que estuvo presente la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, las tres entidades sindicales mayoritarias presentaron a los representantes ministeriales una batería de medidas para dar impulso a la mejora de las condiciones del empleo público. Entre ellas destacan la implantación de la jornada de 35 horas -petición que no se descarta en Función Pública-, la implementación real del teletrabajo, la mejora de la promoción interna y la clasificación profesional, la actualización del Estatuto Básico del Empleo Público, la extensión de la jubilación anticipada al conjunto de los empleados públicos y la recuperación de los recortes que se llevaron a cabo en el sector público a partir de 2010. Los sindicatos mantienen su calendario de movilizaciones si no se logra un pacto salarial con el Gobierno, que podría desembocar incluso en la posibilidad de convocar una huelga.