El Gobierno vuelve a dejar a las clases medias sin rebaja fiscal

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, escenificó ayer una perfecta puesta en escena para que quedara claro el mensaje ordenado desde Moncloa: que el Gobierno de coalición ayuda a las rentas más bajas a costa de que esta bonificación la pague el incremento de los impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Con esta premisa, Montero anunció el nuevo paquete fiscal que acompañará al proyecto presupuestario de 2023, del que quiso dejar claro que es «una propuesta conjunta» del Ejecutivo de coalición, con la que prevé incrementar la recaudación tributaria en 3.144 millones de euros en los próximos dos años. Una cifra que sale de la diferencia de los ingresos extra que pretenden recaudar con los nuevos gravámenes (5.649 millones) y lo que revertirá verdaderamente sobre los beneficiarios (2.505 millones). Por tanto, la diferencia entre los nuevos ingresos y las reducciones fiscales será positiva para Hacienda, que engordará sus arcas con esos 3.144 millones.

Pero, ¿a quién se dirige realmente este plan? Según aseguró la ministra, «a más de la mitad de los trabajadores», los contribuyentes con rentas del trabajo inferiores a 21.000 euros, que ahorrarían 1.881 millones entre 2023 y 2024 gracias a una extensión de las reducciones por rendimientos del trabajo en el IRPF. Además se elevará el mínimo de tributación de 14.000 a 15.000 euros. «No vamos a tocar ni los tramos ni los tipos del IRPF. No entramos en eso», destacó con una andanada directa a las comunidades del PP que han decidido bajar los impuestos.

El paquete también incluye una bajada del impuesto de Sociedades para las pymes que facturan menos de un millón de euros, que pasa del 25% al 23%, y una rebaja adicional del 5 % en el rendimiento neto de módulos para los autónomos, además de elevar del 5% al 7 % la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación en régimen de estimación directa simplificada.

La responsable de Hacienda insistió en varias ocasiones que deflactar el IRPF no es el camino correcto porque «implica una rebaja para todas las rentas –incluidas las altas y medias altas– y repercute de una forma «muy pequeña» en los colectivos más vulnerables. En ningún momento de sus explicaciones hizo referencia a alguna mejora sobre las rentas medias, que han vuelto a quedarse fuera de estos beneficios tributarios. Así lo recalcó ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tachó esta «bajada de impuestos de Sánchez» como «decepcionante y escasa. Ha vuelto a demostrar su falta de sensibilidad con las rentas medias, a las que ha vuelto a decir no a la rebaja de impuestos».

Y, ¿cómo va a lograr Hacienda compensar esta bonificación tributaria sin aumentar el gasto? Pues elevando la presión sobre las grandes fortunas, aumentando la tributación a las rentas del capital y rebajando la compensación de las pérdidas empresariales. Es decir, aplicará un «impuesto de solidaridad» –así lo denominó Montero– a las grandes fortunas, que gravará los dos próximos ejercicios los patrimonios de más de tres millones de euros –con un tipo de entre el 1,7% y el 3,5%–; elevando en un punto (al 27 %) el tipo de las rentas del capital en el IRPF en el tramo de 200.000 euros y en dos (al 28 %) a partir de 300.000 euros; y compensando solo el 50% de las pérdidas de las filiales de los grupos consolidados en 2023.

De paso, el Gobierno logra un tercer objetivo con su mantra de que «paguen más los que más tienen»: neutralizar a las comunidades populares que han suprimido o reducido al máximo el impuesto de Patrimonio –como Madrid o Andalucía–, ya con esta nueva disposición tributaria los grandes patrimonios solo podrán deducir en las regiones en las que se mantiene el pago de este tributo. Para Montero, hay que acabar con el «vaciamiento fiscal» y el «populismo tributario».

Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, ya ha advertido que estudiará a fondo el impuesto a las grandes fortunas por si fuera recurrible ante el Tribunal Constitucional (TC).

El «plan Montero» ni siquiera cuenta con el total apoyo de los técnicos de Hacienda. El sindicato Gestha considera necesaria una reforma fiscal integral que, entre otras cosas, contemple en el IRPF más tramos intermedios para las rentas del trabajo en la escala estatal general entre los 60.000 y los 300.000 euros, y para el ahorro entre los 50.000 y los 200.000 euros, además de criticar que el Gobierno «vuelve a dejar de lado la lucha contra el fraude».