El Gobierno pacta la subida salarial del 7,5% de los funcionarios solo con UGT y CC OO

El acuerdo para cerrar la subida salarial de los empleados públicos para los dos próximos años ha quedado cojo, al contar solo con la rúbrica de CC OO y UGT a la propuesta hecha la semana pasada de una subida del 7,5% del sueldo de los funcionarios hasta 2024, tras el rechazo definitivo de CSIF. El plazo dado por esta organización a que se tengan en cuenta sus reivindicaciones expiraba con la mesa general de la negociación, ya que el Ministerio pretendía dar ya carpetazo a esta negociación para poder incluir la subida en los nuevos Presupuestos Generales de 2023 que, previsiblemente, pretende cerrar mañana mismo.

La oferta presentada contempla una subida del 7,5% repartido entre 2022 y 2024, que se elevaría hasta el el 9,5% si se suma el 2% que los sueldos públicos ya han subido este año. El desglose de ese 9,5% quedaría dividido en un 1,5% retroactivo para este 2022, que se suma al 2% que ya han obtenido los funcionarios públicos en este ejercicio. Para 2023, el Ejecutivo propone un incremento del 2,5% fijo, más dos variables, que contemplan un 0,5% vinculado al IPC acumulado de 2022 y 2023, siempre que este supere el 6%, más otro 0,5% vinculado al PIB, en caso de que sobrepase el 5,9%. Finalmente, para 2024, los funcionarios, según esta propuesta, recibirían una subida del 2%, fija, más un 0,5% adicional si el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.

La primera oferta del Ministerio de Hacienda y Función Pública fue presentada el pasado miércoles, con una propuesta inicial del 6% repartido entre 2022 y 2024 -el 8% incluido el incremento del 2% que los funcionarios han tenido en sus nóminas desde el pasado 1 de enero-, que las tres fuerzas rechazaron por “insuficiente”. Esa primera oferta del Ejecutivo establecía un 1,5% extra y retroactivo para 2022, seguido de un 2,5% para 2023 y un 2% para 2024.

Los tres sindicatos reconocieron tras esa primera reunión la “buena disposición del Gobierno para mejorar las condiciones de los empleados públicos”, aunque consideraron que la propuesta no servía para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, y menos con una inflación del 9% en septiembre.

Hacienda recapituló y 24 horas después volvió a la mesa de negociación con una mejora salarial del 7,5% hasta 2024 -el 9,5% con el 2% aprobado para 2022- repartida en tres años. Junto a ese aumento, el Gobierno se comprometió a establecer la eliminación de la limitación que impide la implantación plena de la jornada laboral de 35 horas semanales, la plena aplicación de la clasificación profesional del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep), la aplicación de la clasificación profesional adaptada a las nuevas titulaciones (grupo B) y la derogación de los recortes del Real Decreto Ley 20/2012.

También confirmó que se llegaría a acuerdos respecto a la jubilación anticipada, a la tasa de reposición, a la implementación de las medidas de igualdad, a la negociación sindical de la digitalización y modernización de las Administraciones Públicas y a la negociación de la atracción y retención del talento en las Administraciones Públicas. Respecto a la Administración General del Estado (AGE), se ha comprometido a desarrollar de forma efectiva el teletrabajo, a la negociación del contenido de la Ley de Función Pública de la AGE, las retribuciones y negociación colectiva para el personal del Servicio Exterior, a la revisión del modelo de centros penitenciarios y relación de puestos de trabajo (RPT), y a la revisión de los gastos de desplazamiento, como informaron fuentes de la negociación.

El pasado viernes UGT ya aseguró el visto bueno a la oferta de Montero con la ratificación por unanimidad de la propuesta por su Consejo Federal. Hoy lo ha hecho CC OO, aunque el coordinador del Área Pública de Comisiones Obreras, Humberto Muñoz, ha advertido tras la reunión de esta mañana que todo este acuerdo “está condicionado a una correcta relación detallada de lo acordado en otras materias muy importantes que acompañan al salarial y que tienen que ver con la recuperación de determinados recortes” sufridos durante los últimos años. Pese a su apoyo, CC OO insiste en que la subida salarial sigue “siendo insuficiente”.

La negativa de CSIF a rubricar este acuerdo ensombrece la negociación con los representantes de Hacienda, ya que la negativa de aceptar la oferta por parte del sindicato mayoritario priva al acuerdo de buena parte de su legitimidad. Este sindicato ha argumentado su rechazo porque esta “precaria” subida salarial supone un “desprecio” a la labor de los empleados públicos. “El Gobierno da excusas de mal pagador, traiciona su palabra y vuelve a fallar a un colectivo fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos que reciben los ciudadanos y que jugaron un papel esencial en los peores momentos de la pandemia”. Para esta organización sindical, el Gobierno ha fallado “en el fondo y las formas” ya que hasta hoy “no nos habían presentado ningún documento”.