Las pensiones más altas se llevan el «gordo»: 6.000 millones de revalorización

La subida lineal de las pensiones de acuerdo a la inflación sigue ensanchando la brecha entre los salarios de los trabajadores, en especial de los más jóvenes, y las nóminas de los nuevos jubilados. Mientras la subida salarial media pactada en convenio colectivo fue en septiembre del 2,61%, 6,39 puntos por debajo de la tasa de inflación del noveno mes –que se situó en el 9%– y una centésima superior al 2,6 % de agosto, todos los pensionistas verán revalorizadas sus nóminas un 8,5% de acuerdo a los presupuestos para el próximo ejercicio. La Seguridad Social destinará 224.690 millones de euros al pago de pensiones y prestaciones de los que 190.083 millones serán para pensiones contributivas (87,7%), no contributivas (1,5%) y las del régimen de las clases pasivas del Estado (10,8%).

De ese gasto récord, el coste de la revalorización del 8,5% supondrá unos 12.400 millones, uno de cada dos euros del aumento del gasto social. Esa cuantía estará financiada en buena medida por el incremento de la recaudación previsto por la Seguridad Social. Un tercio de este crecimiento provendrá específicamente del fuerte alza del 8,6% de las bases máximas de cotización, algo que ha desatado las iras de los empresarios cuando la economía aún no ha recuperado el nivel pre-Covid.

De hecho, el departamento de José Luis Escrivá prevé ingresar el próximo año 152.075 millones de euros en cotizaciones sociales, un 8,4% por encima de la liquidación prevista para 2022 (11.814 millones de euros más). De este alza, 3,8 puntos se deben a la subida de la base media de cotización proyectada para 2023 o, lo que es lo mismo, la subida de las bases explicará algo más de 5.000 millones de euros del conjunto de 11.814 millones de euros en que aumentarán los ingresos por cuotas en el próximo año respecto a la cifra de liquidación prevista para 2022, según las previsiones presupuestarias de la Seguridad Social presentadas ayer por el propio Escrivá y su secretario de Estado del ramo, Borja Suárez.

Suárez subrayó que 0,4 puntos responde al alza de las bases máximas en un 8,6% para 2023, y el resto tiene en cuenta el aumento que podrían experimentar las bases mínimas y «algunos elementos vinculados a la subida del salario mínimo interprofesional». La puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que establece una sobrecotización del 0,6% a partir de 2023 y durante un plazo de diez años, aportará algo más de dos puntos a la subida de los ingresos por cotizaciones sociales, mientras que el crecimiento de la afiliación al sistema contribuirá con 2,6 puntos a la mayor recaudación por cuotas.

Teniendo en cuenta el peso que tiene el alza de las cotizaciones sociales en la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC y que el ministro Escrivá tiene claro que las bases máximas tienen que subir en la misma medida que la pensión máxima, cada vez más voces dudan de la efectividad de una subida lineal de las pensiones con la inflación dado el impacto negativo que estos sobrecostes laborales pueden tener el mercado laboral, según han advertido los empresarios.

«Las bases máximas tienen que subir como suben las pensiones máximas, añadiendo la inflación que haya existido en cada momento. Eso siempre ha sido así. No estamos sorprendiendo a nadie. Estamos incluyendo predictibilidad. Antes, adivinar cuánto subirían era como disparar con una escopeta de feria», advirtió ayer Escrivá, que además del 8,6% de las bases máximas pondrá en marcha el próximo año el MEI (otro sobrecoste del 0,6%) másla subida que aún se diseña con los agentes sociales para «destopar» de la base máxima(fijada en 45.000 eurosanuales o 4.139,40 mensuales).

Para aligerar estos sobrecostes sobre las cotizaciones, un informe de Esade publicado ayer propone una subida progresiva en función de la nómina recibida. En el documento «Una propuesta más justa de revalorización de las pensiones», los autores plantean que la subida del 8,5% se aplique a las pensiones más bajas para ir reduciéndola al 6% a los pensionistas medios y gradualmente al 4% y al 2% para el tramo que percibe la pensión máxima (2.819,2 euros al mes) y que forma parte del 10% de la población española con mayores ingresos. De esta forma, según el análisis, el coste total de la indexación de la revalorización de las pensiones al IPC se reduce de 12.430 millones a 6.890 millones. Además, «este ahorro presupuestario del 44,5% frente a la revalorización universal, presenta un impacto distributivo sustancialmente mayor», remarcan los autores.

Para fundamentar esta tesis, el estudio divide a la población española en diez grupos de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2021. Con esta base y la subida del 8,5% lineal para todos los pensionistas, aquellos que forman parte del 30% de la población española con menos ingresos recibirán solamente un 13% de la revalorización, mientras que los pensionistas que se sitúan entre el 10% de españoles con mayor renta lograrían un 21,2%, casi 2.500 millones. En otras palabras, mientras los pensionistas que forman parte del 30% de la población más rica recibirán una transferencia por vía de impuestos de 6.111 millones de euros los pensionistas que forman parte del 30% más pobre recibirán una transferencia de 1.620 millones.

El coste de la revalorización de las pensiones en 2023 supone –según subraya el informe de Esade– el 11% de la recaudación por IRPF o un 14,45% de la recaudación total prevista por IVA en los presupuestos.