Ahorro de 6.225 millones en pensiones: subidas del 11% a las de 800 euros y del 2,5% a las de 1.400

La subida lineal de las pensiones con una inflación récord, va a suponer una sangría al menos durante este año. Para paliarla, la fundación Fedea propone una subida gradual que supone, según sus cálculos, un ahorro de 6.225 millones de euros, al aplicarse subidas por debajo de la inflación a las pensiones más altas.

La Seguridad Social destinará 224.690 millones de euros al pago de pensiones y prestaciones de los que 190.083 millones serán para pensiones contributivas (87,7%), no contributivas (1,5%) y las del régimen de las clases pasivas del Estado (10,8%).

De ese gasto récord, el coste de la revalorización del 8,5% supondrá unos 12.400 millones, uno de cada dos euros del aumento del gasto social. Esa cuantía estará financiada en buena medida por el incremento de la recaudación previsto por la Seguridad Social. Un tercio de este crecimiento provendrá específicamente del fuerte alza del 8,6% de las bases máximas de cotización, algo que ha desatado las iras de los empresarios cuando la economía aún no ha recuperado el nivel pre-Covid.

Con la subida lineal del Gobierno, los pensionistas que forman parte del 30% de la población más rica recibirán una transferencia por vía de impuestos de 6.111 millones de euros los pensionistas que forman parte del 30% más pobre recibirán una transferencia de 1.620 millones, según otro estudio de Esade.

La propuesta de Fedea contempla una “válvula de escape” ante la inflación récord desde 1983, mediante la que se aplica una subida del 11 % para las pensiones mínimas, las inferiores a 800 euros, y del 2,5 % para las que superen los 1.400 euros, mientras que al resto se aplicaría un alza gradual en función de la cuantía.

Fedea defiende que este sistema es más “justo que el actualmente previsto para los mayores más vulnerables y para los jóvenes”. No solo es “más solidaria con los más vulnerables” ya que todos los pensionistas con pensión inferior a 1.000 euros mensuales, el 52%, verán incrementada su pensión en una cantidad superior al 8,5% previsto por la ley, sino que supone un ahorro fiscal de 6.225 millones en el año 2023 que “será mucho mayor en el medio plazo”, favoreciendo la equidad entre las generaciones.

El ahorro se puede destinar a reducir el nivel de deuda pública, “que no es otra cosa que facturas impagadas que se han pasado al futuro, es decir, a los jóvenes”.

También Esade ha demandado una subida progresiva en función de la nómina recibida. En el documento «Una propuesta más justa de revalorización de las pensiones», los autores plantean que la subida del 8,5% se aplique a las pensiones más bajas para ir reduciéndola al 6% a los pensionistas medios y gradualmente al 4% y al 2% para el tramo que percibe la pensión máxima (2.819,2 euros al mes) y que forma parte del 10% de la población española con mayores ingresos. De esta forma, según el análisis, el coste total de la indexación de la revalorización de las pensiones al IPC se reduce de 12.430 millones a 6.890 millones. Además, «este ahorro presupuestario del 44,5% frente a la revalorización universal, presenta un impacto distributivo sustancialmente mayor», remarcan los autores.