En el aire la prórroga de la bonificación de 20 céntimos al combustible

¿Decidirá el Gobierno acabar con la bonificación general al combustible a final de año? Esa es la gran pregunta que la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha empezado a sondear públicamente a tenor por sus últimas declaraciones, con las que avisa ya de que el Gobierno se plantea poner fin a esta ayuda generalizada -y a otras en vigor también- en el precio final del combustible en las gasolineras y optar por cerrar el grifo definitivamente del dinero público o abrirlo a la mitad, solo para sectores profesionales o aquellos que se vean más afectados por los altos precios.

Pese a que los combustibles mantienen una carrera ascendente por la decisión de la OPEP+ de recortar la producción, que la guerra de Ucrania se ha reactivado con dureza y que la recuperación económica hacia niveles precovid ha avivado el consumo energético, el Ejecutivo duda si alargar tres meses más la bonificación universal del precio de los carburantes. Calviño, en declaraciones en RNE, ha anunciado que “de aquí a final de año” se va a evaluar si “hay que mantenerla para toda la población o es mejor centrarse en algún colectivo o algún sector”.

La ministra ha recordado que la única medida incluida en el proyecto presupuestario del año que viene es la bonificación del transporte público -“porque llega a todo el mundo y va en la línea de transporte sostenible”-, defendió, por lo que el resto de ayudas se van a “analizar” una a una. En concreto se refirió a la bonificación de 20 céntimos por litro que se aplica a toda la población desde el pasado mes de marzo y que se ha prorrogado hasta el próximo 31 de diciembre. “Habrá que ver si es necesario tomar alguna medida con carácter sectorial, que afecte especialmente a aquellos ámbitos que se ven más afectados”, insistió Calviño, que reconoció que se está estudiando el “impacto fiscal” de esta medida, “que es muy importante”, y si hay que mantenerla “para toda la población” o no.

Pese a que la titular de Economía ha reconocido que se mantiene “mucha volatilidad, incertidumbre y preocupación” ante el cambio geopolítico y económico que se está produciendo en el mundo, y que los próximos trimestres serán “complicados”, pues existen “muchos focos de preocupación”, como el repunte de los precios y de los tipos de interés, se mantiene en su decisión de replantearse todas las ayudas aprobadas hasta ahora para paliar el impacto de la inflación -menos las del transporte- se revisarán en función de “cuáles son más eficaces” y “cuál es su impacto fiscal”.

Según han reconocido los representantes económicos del Gobierno durante el últimos mes, sumando todas las medidas adoptadas durante los últimos meses y las últimas anunciadas personalmente por el presiden del Gobierno, Pedro Sánchez, su intención es que contengan la presión inflacionaria en 3,5 puntos. La factura de estas medidas adicionales sumarán un coste para las arcas públicas de 9.000 millones, repartidas entre bonificaciones fiscales y ayudas directas e indirectas, una cifra que supera los 15.000 millones si se suman todas las aprobadas hasta la fecha. “La única medida con vocación de permanencia es la del transporte. El resto, las vamos a analizar”, sentenció.