Sin noticias del tope a los alimentos de Yolanda Díaz y su “cesta básica” dos meses después

Humo. Eso es lo que queda dos meses después de la que fue una de las que estaban llamadas a ser propuestas estrella del ala más radical del Gobierno: el tope a los precios de los alimentos básicos. A principios del mes de septiembre, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lanzó la idea de topar el precio de los alimentos básicos para ayudar a las familias a combatir los efectos de la inflación. Una idea que fue mutando con el paso de los días hasta quedar reducida a una presión a las compañías de distribución para que pusieran a la venta una cesta de la compra de calidad con productos básicos «que facilite una alimentación sana» a precios asequibles.

Para exponerles su idea, Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, mantuvieron el 12 de septiembre una reunión con las principales patronales del sector, Asedas, Anged y Aces, de la que apenas salió nada en claro. Si acaso, el compromiso de seguir reuniéndose para seguir hablando. Aunque ni eso ha ocurrido. Como aseguran fuentes del sector, «no ha vuelto a ver reuniones con Díaz. Ni tampoco nuevas propuestas. No estamos negociando nada», subrayan.

Desde el propio Ministerio de Trabajo reconocen que sólo está habiendo «reuniones bilaterales» con las compañías, pero no detallan si en estos encuentros se está alcanzando algún tipo de compromiso y si se está avanzando en alguna dirección.

Debate amortizado

Aunque desde la distribución aseguran que el asunto, oficialmente, no ha desaparecido, el sector lo da de algún modo por amortizado y superado. El presidente de la Asociación de Consumidores y Distribuidores (Aecoc), Ignacio González, aseguró la semana pasada durante el congreso de la organizción que la propuesta tiene «cero recorrido». González reiteró que el sector de gran consumo sólo está subiendo los precios «cuando no hay más remedio» después de establecer planes de ahorro y bajar sus márgenes ante la subida exponencial de sus costes que las empresas, además, han tardado en repercutir en el precio de venta al público.

Los costes son, precisamente, el punto en el que la distribución cree que el Gobierno debe incidir. «Nuestra opinión no ha variado. Ya sabemos qué cosas hacen subir el IPC. Y esas son las que hay que atacar. Lo que hemos trasladado es que, para bajar los precios, hace falta tomar medidas en materia de energía, transporte, materias primas y bajar el IVA», explican. Tras reunirse con Díaz, las patronales del sector le pidieron, y así lo han reiterado en varias ocasiones, que España tome el camino de Alemania y, como hizo en país germano en 2020,suspenda temporalmente el IVA durante seis meses. El sector ha planteado al Ejecutivo cuales serían los productos cuyo IVA se podría rebajar del 21% al 10%, cuales del 10% al 4% y cuales podrían quedar exentos temporalmente de este tributo. En su opinión, el IVA es un impuesto inflacionista y se está recaudando más por el IVA de los alimentos de lo que se recaudaba en los últimos meses. Pero el Gobierno, por el momento, no está por la labor.

Junto a estas propuestas, la distribución también ha pedido que el Gobierno no empeore la ya difícil situación de los precios. Según la CEOE, el coste regulatorio para el comercio en el Covid ya creció en 1.774 millones de euros como consecuencia de la «hiperregulación creada por más de 3.000 nuevas normas europeas, nacionales, autonómicas y municipales». Una tendencia que no ha parado. Como publicó LA RAZÓN en su edición del lunes 19 de septiembre, en el último año, la distribución se ha visto afectada por una treintena de medidas que, según el sector, encarecen sus costes por distintas vías: más impuestos y cotizaciones, nuevas obligaciones para el ejercicio de su actividad, importantes requerimientos de inversión para adaptar su negocio a la nueva regulación y altos costes de transacción ocasionados por la complejidad y fragmentación de las normas».

Rechazo en Moncloa

A pesar de todo el ruido mediático que generó, la medida de Díaz tampoco ha contado casi con respaldo en Moncloa. El único que se subió al carro fue Garzón, otro de los ministros de la cuota de Podemos en el Ejecutivo y que aseguró que la distribución ha ganado “centenares de millones”, lo que le posibilita bajar precios. Algunos de los que gestionan departamentos a los que la entrada en vigor de tal medida podría haber afectado, como Luis Planas, titular de Agricultura, se posicionaron de hecho totalmente en contra de una propuesta que se interpretó incluso en clave electoral de cara a las elecciones generales que están por venir. Planas aseguró que «no es posible» desde el punto de vista legal y que además «tampoco es deseable».

Sobre la posible ilegalidad de alcanzar algún tipo de pacto de precios se han pronunciado también con vehemencia los empresarios. Desde la CEOE aseguraron que «parece mentira que un miembro del Gobierno promueva un cártel». Creen que si una iniciativa parecida hubiera surgido de la distribución, poco menos que hubiera ido la Policía para ponerla freno de inmediato. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió también de que cualquier acuerdo entre operadores para fijar precios máximos en algunos alimentos está prohibido por ley.