El Gobierno y la banca alcanzan un acuerdo para aliviar la carga hipotecaria a un millón de familias

El Gobierno aprobará mañana en la reunión del Consejo de Ministros un paquete de medidas para aliviar la carga hipotecaria a más de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por el incremento del euribor, preservando la estabilidad financiera, según ha comunicado esta noche el Ministerio de Economía. Esta iniciativa se adopta a falta de cerrar los últimos detalles en la negociación que el Gobierno mantiene abierta con las patronales bancarias –AEB, CECA y UNACC- y el Banco de España y el objetivo es que entre en vigor el 1 de enero de 2023, según ha añadido en su comunicado.

El departamento de Nadia Calviño ha asegurado que se actuará en tres vías: mejorando el tratamiento de las familias vulnerables, abriendo un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos y adoptando mejoras para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.

El paquete recoge medidas que mejoran el actual Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, aprobado en 2012, con el fin de adaptarlo a la situación actual. Economía asegura que los deudores vulnerables tendrán la posibilidad de reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de cinco años (Euribor -0,1% frente al Euribor +0,25% actual). Asimismo, se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario.

Con el objetivo de ampliar el ámbito de actuación, se permitirá que los hogares con renta inferior a 25.200 euros al año (tres veces el IPREM) que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca, pero no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario, puedan acogerse al Código con una carencia de dos años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta 7 años. Esta medida, según Economía, “es necesaria para aquellas familias que, como consecuencia de la subida de tipos de interés, lleguen a niveles de esfuerzo hipotecario excesivos que les obliguen a reducir gastos de primera necesidad y pongan en peligro el pago de la hipoteca, puedan recibir un tratamiento adecuado”.

El Ejecutivo considera que la aplicación de estas medidas permitirá que los deudores hipotecarios vulnerables vean aliviada su carga financiera de forma inmediata. A modo de ejemplo, asegura que una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la revisión de tipos de interés, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de cinco años más de un 50%, hasta los 246 euros.

El Consejo de Ministros también aprobará la propuesta de un nuevo Código que proporcione alivio a los deudores de clase media en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria, facilitando a las familias una adaptación más gradual al nuevo entorno de tipos de interés. Podrán beneficiarse de estas medidas los hogares con renta inferior a tres veces y media el IPREM (29.400 euros anuales) con hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido al menos el 20%. Para todos estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años.

Menos comisiones

Junto a estas medidas, el Gobierno aprobará una reducción aún mayor de los gastos y comisiones para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y se eliminarán durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo. Se incluirán medidas para la promoción de la educación financiera y se reforzará el seguimiento de la aplicación de los dos códigos de Buenas Prácticas. Ambos serán de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y de obligado cumplimiento una vez suscritos. Las entidades bancarias deberán garantizar la protección de este catálogo de medidas en caso de transmisión del crédito a un tercero.

Según Economía, la ampliación del catálogo de medidas a las que pueden acceder los hogares “les permitirá disponer de más opciones para reducir su carga hipotecaria de forma efectiva y tener más certidumbre en su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo elegir la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera”.