Apenas 3.000 inspectores de Trabajo para un millón y medio de empresas y el Gobierno «nos ignora y nos engaña»

Los sindicatos amenazan con ir a la huelga si Montero y Díaz no cumplen el acuerdo firmado, refuerzan la plantilla y la dotan de los recursos aprobados

«Además de darnos las gracias por nuestro trabajo, el Gobierno tiene que cumplir con sus compromisos, reforzar el servicio y la plantilla y dejarse de mensajes triunfalistas sin que aporte ni una sola solución estructural prometida. Nos llevan a la ruina». Con esta claridad y contundencia se manifestaron ayer las organizaciones sindicales de la Inspección de Trabajo agrupadas en una Plataforma –CC OO, UGT, CSIF, CIG, Usess, Sitss y Sislass y de la que se ha descolgado finalmente Seslaess– para reclamar «únicamente lo que está firmado y aprobado, y que tienen paralizado sin dar ninguna explicación. Nos sentimos estafados y engañados por este Gobierno que nos ignora y ni siquiera quiere recibirnos ni cumple su palabra ni pone soluciones», explicó a LA RAZÓN Rafael Prieto, presidente de Sislass, que confirma que nadie en el Ministerio de Trabajo quiso ayer recibirles. «Curiosamente todos los directores y subdirectores estaban muy ocupados y no estaban en sus despachos», resaltó con ironía. «El siguiente paso será la huelga porque parece que es lo que quieren que hagamos», advirtió.

Hay que recordar que los ministerios de Trabajo, de Yolanda Díaz, y de Función Pública, de María Jesús Montero, solicitaron a los sindicatos una «moratoria» de tres meses para cumplir con el plan aprobado y aplicar todas las medidas pactadas en el acuerdo del 7 de julio de 2021. Esta fue la razón principal por la que se desconvocaron las movilizaciones previstas. Pero cumplido ese plazo hace meses, «ni una sola medida se ha concretado y el acuerdo sigue en estudio», criticó con dureza Ana Ercoreca, presidenta del SITSS, que ya no descarta ninguna medida, incluida la huelga.

Los representantes sindicales reclaman a ambos ministerios más personal, más recursos técnicos y materiales e instrumentos propios para realizar su labor. «Y es necesario hacerlo de forma urgente porque la Inspección se está desangrando, se está descapitalizando a una velocidad vertiginosa», advierten los sindicatos, que acusan al Gobierno de «no decir la verdad, entretener, ocultar los graves problemas y los severos déficits del organismo y enterrar sin dar explicaciones unas medidas pactadas hace meses para reconstruir la Inspección que necesita este país», denuncia CSIF.

Los sindicatos recuerdan que la plantilla de la Inspección de Trabajo apenas cuenta con 3.000 inspectores y subinspectores –2.200 trabajadores de inspección activa y 800 de personal de apoyo– para 1,4 millones de empresas, 20 millones de ocupados y más de nueve millones de pensionistas. Eso es un inspector por cada 15.000 trabajadores, cuando en la Unión Europea la media es de 10.000. «Si se quiere acabar con la precariedad laboral, como le gusta decir a Díaz, hay que empezar por la Inspección y por la parte operativa del sistema, olvidarse de poner parches, que es lo que han hecho hasta ahora, y dejar de ocultar los problemas estructurales del organismo», recalcó Ercoreca.

Desde ambos ministerios se guarda silencio «porque se sigue trabajando como siempre». En Trabajo únicamente han reiterado que «se continúa fortaleciendo el organismo para adaptarlo a un mercado laboral con amplios y diversos desafíos de futuro».