Los altos funcionarios denunciarán al Gobierno por «poner en riesgo los principios de imparcialidad y cualificación» de los ascensos en la Administración

El acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios en las escalas inferiores de la Función Pública (CSIF, UGT y CC OO) para facilitar la promoción interna de los funcionarios a través de pruebas de acceso más asequibles, con menos temario, tipo test y con una menor exigencia curricular ha desatado la indignación y el rechazo frontal entre los empleados públicos de las escalas más altas, que han decidido dar un paso adelante e ir a los tribunales para paralizar este acuerdo. «Al no tener respuesta del Gobierno y tras dejarnos al margen en una negociación en la que nos vemos directamente afectados, y que va a deteriorar la calidad y la excelencia que debe tener el servicio de la Administración Pública, vamos a ir a los tribunales», manifestó el presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, cuyos servicios jurídicos están preparando ya un recurso contencioso administrativo.

A esta iniciativa se sumarán la práctica totalidad de las 43 asociaciones profesionales y sindicatos pertenecientes a Fedeca, que representan a más de 15.000 funcionarios del subgrupo A1, que en su próxima junta dará luz verde tanto a las acciones judiciales como a la impugnación de cada una de las nuevas convocatorias de plazas en la Administración Pública «para que se hagan valer los principios de igualdad que han regido hasta ahora y que se mantenga el actual sistema de selección, que sí capta el talento o, en su caso, se busque una mejora pero contando con todas las partes implicadas y sin politizaciones», reiteró Pérez Bogas.

Los representantes de estos cuerpos superiores de la Administración escenificaron su unidad y su oposición a estas medidas en una rueda de prensa conjunta, en la que denunciaron que «el acuerdo firmado con unos sindicatos sin representación en nuestras escalas no respeta los principios básicos para el acceso a la función pública, ni de la Administración ni de la propia Constitución, porque desdeña la igualdad, el mérito y la capacidad», expresaba la secretaria general de Fedeca, Virginia Pérez Alegre, que advirtió también de que se «ponen en riesgo los principios de imparcialidad y cualificación que deben regir el desempeño de la labor pública y que propone que haya un modelo diferente para cada comunidad autónoma, atentando contra el principio constitucional que garantiza la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes».

De este modo, los altos funcionarios rechazan que Gobierno y sindicatos justifiquen la aprobación de los cambios normativos de la promoción interna por la necesidad de cubrir las vacantes que se generan en los cuerpos superiores –reducida por su complejidad y exigencia en las pruebas de acceso–; por el envejecimiento de su plantilla; para evitar la «huida» de funcionarios a puestos mejor remunerados en el sector privado y por la necesidad de garantizar una carrera profesional de abajo a arriba. «Nada de eso se soluciona con lo que han aprobado», sentencian.