La Inspección de Trabajo en pie de guerra contra Díaz y Montero: convocan la primera huelga en la historia del organismo

La advertencia se ha convertido en realidad. Los trabajadores de la Inspección de Trabajo han convocado la primera huelga de la historia para todo su personal del organismo, sin distinciones, desde la escala más baja de auxiliares, pasando por administrativos, subinspectores e inspectores. Todos a una contra el Gobierno y las ministras de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, “responsables directas de la agónica situación que vive la Inspección y que se niegan a solucionar. Estamos cansados de mentiras e incumplimientos”, informaron a LA RAZÓN fuentes de la plataforma sindical -integrada por la mayoría de organizaciones de trabajadores, CC OO, Usess, Sitss, Sislass y CIG- y convocantes de tres días de paros desde este mismo mes. Únicamente cuatro organizaciones (UGT, CSIF, UPIT y Seslaess) han decidido “esperar hasta final de año para dar la última oportunidad de que cumplan sus promesas”. Pero su intención es unirse a las movilizaciones “si la situación no cambia”, advirtieron.

En concreto, se ha convocado a la plantilla para llevar a cabo la paralización de todos los servicios durante tres jornadas alternas: el 21 de diciembre, el 25 de enero y el 22 de febrero. Los motivos son los mismos de hace siete meses, cuando se desconvocó la primera huelga tras la promesa de Yolanda Díaz de “solucionar todas las deficiencias y carencias que arrastra este organismo”, dijo en ese momento. 200 días después “nada se ha avanzado”, los problemas se acumulan desde hace 15 meses y los sindicatos enumeran los incumplimientos acumulados por Díaz y Montero: “Graves carencias de plantilla, falta de carrera profesional y de horizonte laboral que contribuye a la descapitalización de plantilla; falta de reconocimiento y de dignificación de las funciones desarrolladas en cada uno de los puestos de la Inspección con una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) obsoleta e injusta, y todo ello unido a mayores cargas de trabajo y mayor complejidad del mismo; déficit en recursos técnicos y materiales, así como el incumplimiento de los plazos de tramitación y gestión comprometidos a finales de este año por la Administración, tanto Ministerio de Trabajo como el de Hacienda, para materializar el acuerdo”.

La Plataforma también ha denunciado la falta de diálogo y de interlocución por parte del Gobierno, sobre todo por los responsables ministeriales, “que ni siquiera se han dignado a reunirse con nosotros”, denuncia Ana Ercoreca, presidenta de Sitss. El pasado 11 de noviembre la Plataforma volvió a pedir una reunión con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, para tratar de encontrar una solución, “pero su única respuesta ha sido que intentará buscar una fecha para tratarlo”. Tampoco ha tenido tiempo la propia Yolanda Díaz, que “no ha encontrado hueco en los últimos seis meses para sentarse en una mesa con nosotros y abordar las soluciones definitivas”, critica Ercoreca. Por ello, para los sindicatos queda clara la “falta de compromiso político de este Gobierno para la aplicación de un acuerdo que ellos mismos han firmado y ratificado en Consejo de Ministros y resolver una situación que es ya calamitosa, y por eso vamos a la huelga”.

Desde Sislass, su presidente, Rafael Prieto, ha vuelto a reiterar que “ni el Ministerio de Trabajo, ni tampoco Hacienda se quieren hacer responsables de la falta de soluciones en un servicio que soporta graves deficiencias desde hace años. Lo saben y no hacen nada. Llevan año y medio analizando el conjunto de soluciones acordadas con la parte social el 7 de julio de 2021. No es creíble que un modesto grupo de medidas básicas puedan requerir, en su análisis, semejante periodo salvo que se trate de la excusa para incumplir el acuerdo adoptado”.

Fuentes ministeriales han manifestado a este periódico que “estamos trabajando con Hacienda para mejorar las condiciones del organismo, como llevamos haciendo todo este tiempo. Se han dado ya pasos decisivos: el mayor presupuesto de la historia del organismo, la incorporación de más de 600 efectivos y un incremento también muy importante del personal administrativo. El esfuerzo del Ministerio no tiene precedentes y su apoyo al organismo es total”. Además, han reiterado que mantienen abiertas las puertas del diálogo, aunque “naturalmente respetamos escrupulosamente el derecho de los funcionarios”. La mismas fuentes insistieron en que “los avances son muy importantes y se seguirán produciendo en los próximos días”.

Pero los sindicatos no comparten este optimismo. “Estas medidas de las que presumen son un refuerzo temporal, la mayoría a través de interinos y ya veremos si las plazas convocadas si se cubren o no. El apoyo al organismo debe ser real y efectivo, cumpliendo el acuerdo firmado y llevando a cabo las medidas del plan estratégico que se aprobó el 16 de noviembre en el Consejo de Ministros y publicado el 3 de diciembre en el BEO. A día de hoy, ni se ha cumplido con el acuerdo del 7 de julio, ni con el plan estratégico”, sentenció Ercoreca.