Costes laborales disparados en la pymes: el SMI en España ya es el más caro de toda Europa

Las cargas laborales, la subida de la presión fiscal y el incremento exponencial del salario mínimo interprofesional (SMI) se han convertido en los principales frenos para el crecimiento empresarial, junto con el parón de la actividad económica fruto del frenazo en el consumo, el impulso de la inflación y una situación geopolítica inestable. Junto a ello, el menor tamaño y peso estructural de las pymes españolas –un 24% más pequeñas que la media europea– lastra su productividad –que es 2,5 veces más alta en las grandes empresas–, lo que «les dificulta invertir, innovar, captar financiación menos cara y atraer y retener al talento al ofrecer salarios mucho más bajos» y acentúa el porcentaje de mortalidad empresarial, el más alto de la UE –más del 9% desaparece al año y solo la mitad sigue activa tres años después de su creación–.

Estas son las principales conclusiones del último informe de Cepyme, «Crecimiento empresarial. Situación de las pymes españolas con respecto a las europeas», en el que se pone de manifiesto que las pymes asumen las cargas laborales y fiscales más altas de Europa en proporción a su tamaño y a su facturación. Desde Cepyme se critica especialmente que en los últimos años se hayan disparado exponencialmente los costes laborales y se haya potenciado «un sistema tributario que bloquea el crecimiento de las pymes, que afrontan las terceras cotizaciones sociales y los impuestos de Sociedades y de IRPF más altos del continente». Además, apunta que el desarrollo empresarial en España se ve lastrado porque «nuestras empresas son de menor tamaño, las deducciones impositivas son menos eficaces y les afecta más la alta fiscalidad directa». Unas cotizaciones más altas, «junto un SMI proporcionalmente más elevado respecto con el salario medio» –superándolo un 54%–, encarece directamente el coste laboral.

La subida de cotizaciones aprobada por el Gobierno en más de un 40% de las bases mínimas de cotización y de un 20% de las bases máximas, sumado al incremento exponencial del SMI, ha disparado los costes laborales, que han registrado un crecimiento del 6% anual, lastrando la competitividad con respecto al resto de países.

En términos proporcionales, el SMI en España se ha convertido en el más caro de toda Europa, superando el 50% del salario medio, algo que únicamente pasa en otro país, en Grecia, que alcanza el 51,3%. Según detalla el informe, mientras entre 2017 y 2022 el salario mínimo en España ha crecido el citado 41,3%, el alza en Reino Unido fue del 30,5%, del 15,8% en Alemania y del 11,2% en Francia. «La comparación entre la remuneración mínima legal y el salario promedio muestra con claridad que el salario mínimo español es el más caro de Europa», apunta la patronal.

Por otro lado, las cotizaciones sociales ocupan el tercer lugar en el ránking europeo. El mayor coste laboral que eso ocasiona «refuerza las dificultades de crecimiento para las pymes». El estudio señala que en 20 países europeos, las cotizaciones que debe pagar un empleador son al menos 10 puntos porcentuales más bajas que en España. Entre ellos destacan Italia, Suecia, Portugal, Holanda y Alemania. Además, hay once economías más en las que las cotizaciones sociales a cargo del empleador son al menos la mitad que en nuestro país, entre ellos Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda y Dinamarca, y a pesar de tener un nivel salarial mucho más elevado. Si el baremo se mide por el coste laboral mínimo, las empresas locales también salen perdiendo al ser el más alto del continente. La suma de cotizaciones y otros costes laborales «hace que el coste mínimo para contratar a un empleado sea para las pequeñas empresas (entre 10 y 49 empleados) el equivalente al 136% del salario mínimo», apuntan. Sólo Lituania, Francia y Bélgica tienen un coste superior al de España.

En cuanto a la presión fiscal, su salto ha sido cualitativo desde que la coalición PSOE-Podemos llegó al Gobierno. Reconoce el informe que, la base del tipo general del impuesto sobre Sociedades es más gravosa en España que en la mayoría de países de nuestro entorno. Incluso, aunque se generalizara el nuevo tipo reducido para las pymes con una cifra de negocios de hasta un millón de euros (el 23%), el impuesto español quedaría por encima de 13 países europeos, incluidos Dinamarca, Portugal, Suecia, Finlandia o Polonia.

Respecto al IRPF, considerando la media de los tipos máximos de las 15 autonomías de régimen común, la tarifa marginal de España, del 50,1%, solo queda por debajo de las de los países nórdicos y Austria; es casi igual a la de Alemania y supera a las de Bélgica, Holanda, Francia, Portugal, Reino Unido e Italia. Por tanto, las pymes españolas son las menos rentables de los países de nuestro entorno. Mientras que en España la rentabilidad neta sobre los activos en una empresa con una cifra de negocios inferior a 10 millones de euros es del 2,9%, en Italia es del 5,1%; en Francia, del 6,3% y en Alemania del 6,7%. Midiendo la rentabilidad después de impuestos y sobre fondos propios, las pymes españolas también siguen por debajo, con una rentabilidad del 6,3%, frente al 9,4% de Italia, el 13,1% de Francia y el 14,9% de Alemania.

Ante este panorama, la patronal de las pymes propone que «el cumplimiento de las obligaciones no tenga carácter inmediato con la ampliación de un trabajador en la plantilla, sino que entren en vigor cuando hayan consolidado su crecimiento, es decir, tras cuatro años de aumentar y mantener su tamaño. Esta flexibilidad facilitaría a la empresa su estabilidad para asumir las nuevas cargas y asegurar su tamaño». Actualmente, las empresas tratan de esquivar el escalón principalmente de los 50 trabajadores, así se puede observar en las estadísticas de tamaño empresarial, ya que las cargas que asumen por ampliar su plantilla en solo un trabajador desalientan dicha ampliación. Asimismo, la Confederación plantea también «el establecimiento de mecanismos y medidas fiscales que favorezcan y faciliten la inversión en pymes españolas, articulando deducciones fiscales importantes y promoviendo la seguridad jurídica y la transparencia de las operaciones, además de medidas y ayudas temporales que promuevan y hagan muy atractiva la fusión de empresas».

Asimismo, Cepyme reclama al Ejecutivo que el crecimiento del tamaño empresarial no es tan solo una problemática de la empresa española, sino que «debe convertirse en un asunto de Estado, ya que afecta a la competitividad de todo el país”. Fomentar el crecimiento de las empresas «permitiría incrementar los salarios y la productividad de las empresas, además de mejorar la capacidad del tejido empresarial para afrontar posibles crisis y sus posibilidades para acceder en mejores condiciones a los recursos financieros necesarios para nuevas inversiones».

El informe sugiere que los beneficios de aumentar el tamaño medio de la empresa española serían numerosos: «Permitiría reducir de forma permanente el paro, aumentar el crecimiento potencial de la economía española, reducir el déficit fiscal y recortar la deuda». De hecho, promover el crecimiento empresarial para que el tejido empresarial tenga la misma composición que la media europea permitiría crear 1,3 millones de empleo, elevaría el Producto Interior Bruto (PIB) un 5,5%, aumentaría las ventas en 268.500 millones de euros, ayudaría a expandir la masa salarial en 32.000 millones y generaría un incremento de la recaudación de 22.000 millones.