La nueva Política Agraria Común, sin ley y sin decretos

Cuando faltan menos de veinte días para que entre en vigor la nueva PAC, el 1 de enero de 2023, todavía no está aprobada la Ley por la que se regula su aplicación ni los Reales Decretos que la desarrollan. Tras varios retrasos, se espera que el próximo jueves día 15 el pleno del Congreso de los Diputados dé el visto bueno definitivo a la citada Ley de Aplicación de la PAC y que antes de que acabe este año vean la luz todos los Reales Decretos que deben permitir el desarrollo de la misma, fijando las reglas del juego que deberán respetar los agricultores y ganaderos, tanto los beneficiarios de las ayudas directas de la PAC, como aquellos que sin serlo quieran acogerse a alguno de los eco-regímenes que se establezcan. En cualquier caso, todo este cuerpo legislativo llega tarde a efectos prácticos, porque una buena parte de los agricultores y ganaderos han tenido que tomar, durante los últimos meses, sus decisiones de siembra, o la planificación de la entrada y salida del ganado en sus explotaciones, sin conocer esas reglas, a pesar de que ya se verán afectados por la nueva normativa. Según fuentes del sector agrario, eso se traduce en una situación de grave inseguridad jurídica.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Agricultura, en concreto desde el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), se han publicado en los últimos días diferentes documentos mediante los que se pretendía divulgar y explicar, para todas las partes implicadas en el proceso de aplicación de la nueva PAC, desde las comunidades autónomas hasta las organizaciones agrarias, pasando por las entidades colaboradoras y los propios agricultores y ganaderos, algunos de los detalles del Plan Estratégico de la PAC impuesto por el ministro Luis Planas. Sin embargo, al final de algunos de esos documentos se indicaba claramente que su contenido no tenía valor jurídico, que se trataba tan solo de papeles explicativos. Además, no han sido pocas las veces en las que el texto de las distintas versiones de los citados papeles del FEGA era contradictorio entre sí.

Dificultades

Por otro lado, en las sucesivas reuniones que han mantenido expertos de este organismo con las diferentes organizaciones agrarias también se ha puesto de manifiesto la dificultad de aplicar algunas de las medidas que se proponen, especialmente las relacionadas con los eco-regímenes.

Para financiar estos últimos instrumentos, pieza clave de la nueva PAC, se destinará entre el 23 y el 25 por ciento del sobre de ayudas directas. En caso de que algún agricultor o ganadero beneficiario de las mismas, decidiese no acogerse a los eco-regímenes perdería, de entrada, esa cantidad de dinero. Suponiendo que decida aplicarlos, no se puede conocer el importe de los fondos que podrá recuperar. Además, lo que sí está claro es que incurrirá en más gastos.