Bruselas alcanza un acuerdo sobre la “Ley Rider” europea: estas son sus claves

Bruselas llega a un acuerdo sobre la propuesta de directiva para regular el trabajo de las empresas de plataforma, más conocida como “Ley Rider” europea. Tras varias semanas de intensas negociaciones, presiones por parte de lobbys empresariales y tiras y aflojas sobre el contenido del texto, este lunes 12 de diciembre la regulación de la economía de plataforma ha salido adelante durante su votación en el Parlamento Europeo en los términos reclamados por los socialistas,que exigían la presunción de laboralidad de los trabajadores. El acuerdo ha sido alcanzado esta tarde por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, han señalado los Socialistas Europeos en un comunicado, con 41 votos a favor y 12 en contra. No obstante, a la normativa todavía le quedan muchos meses para aplicarse, ya que tras este acuerdo debe superar otras fases de negociación que podrían culminar a finales de 2023 o principios de 2024.

Previamente, la propuesta de directiva, presentada por la Comisión Europea hace un año, ha sido objeto de numerosos desacuerdos. En la reunión del pasado jueves, España lideró el bloque de 10 países que bloquearon el acuerdo sobre una “Ley Rider” europea por considerar que el marco común para los trabajadores de plataformas que recogía la última propuesta para el acuerdo a 27 suponía una reducción de los derechos laborales. Junto a España, rechazaron la propuesta Alemania, Bélgica, Eslovenia, Grecia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Rumanía. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también se mostró firme a la hora de exigir que el elemento central de la directiva sea la correcta clasificación de las personas que trabajan en las plataformas y denunció que la propuesta se había “devaluado” en el nuevo texto presentado por la presidencia checa del Consejo Europeo.

Los cambios que pretendía introducir la presidencia checa se acercan más al modelo francés, que apuesta por la operativa de los “riders” como autónomos. No obstante, la regulación europea no quedará solo limitada a la figura de los repartidores y los conductores de VTC, sino que afectará a todos aquellos profesionales que trabajen bajo las órdenes de una plataforma tecnológica, incluidos limpiadores, mensajeros o personal de catering de empresas como Deliveroo, Uber, Uber Eats, Glovo o Helpling. Según datos de la Comisión Europea, más de 28 millones de personas en la UE trabajan a través de plataformas laborales digitales y se espera que asciendan a 43 millones en 2025.

Los Socialistas Europeos han celebrado ya entrada la noche del lunes “la histórica votación” de la “Ley Rider” europea, que aspira a “mejorar significativamente los derechos sociales y laborales de las personas que trabajan a través de aplicaciones, así como para proteger a los auténticos autónomos y buenos empleadores”, ha señalado el grupo parlamentario socialista en un comunicado. Sin embargo, afirman que la lucha no ha acabado: “Ahora tenemos que asegurarnos de que podremos iniciar negociaciones con los estados miembros de la UE lo antes posible y luego salvaguardar el acuerdo que logrará el Parlamento”.

El texto adoptado con 41 votos contra 12 constituirá un mandato de negociación para las próximas conversaciones con los gobiernos de la UE. Finalmente, sobre la base de esta posición, que deberá ser confirmada en enero durante una votación en sesión plenaria, el Parlamento llevará a cabo negociaciones con el Consejo para alcanzar la versión final de la directiva, que será adoptada oficialmente.

Claves de la regulación

Elisabetta Gualmini, eurodiputada socialista italiana y líder de la defensa de la laboralidad de los trabajadores en el Parlamento Europeo, ha expuesto las principales claves de la regulación acordada: “Hoy, votamos a favor de la legislación que garantizará la clasificación laboral correcta en función de las condiciones de trabajo reales y la transparencia algorítmica. Los sindicatos y los representantes de los trabajadores deberían poder negociar colectivamente las características que afectan las condiciones de trabajo. No habrá reclasificación automática de trabajadores y la carga de la prueba de la situación laboral recaerá en las plataformas. Esto significa que cuando exista duda sobre la calificación de los trabajadores de las plataformas, se presume que son empleados, salvo prueba en contrario por parte de la plataforma”.

Es decir, serán las empresas quienes deban demostrar que sus empleados son trabajadores autónomos. “Al invertir la carga de la prueba, los verdaderos autónomos pueden hacer negocios libremente y todos los demás trabajadores de la plataforma están protegidos de manera justa”, valoró en Twitter Agnes Jongerius, eurodiputada y portavoz del grupo parlamentario socialista. Por lo tanto, con este acuerdo, la directiva europea se acerca a la “Ley Rider” de Yolanda Díaz, que recoge la presunción de laboralidad de los “riders”. Cuando el texto supere todas las fases pendientes, será una referencia regulatoria para todos los países de la Unión Europea.

Los eurodiputados también han introducido una lista de criterios no obligatorios para determinar la situación laboral de un trabajador, como un salario fijo, un horario y tiempo de trabajo definidos, sistemas de calificación, seguimiento o supervisión del trabajador, reglas sobre apariencia o conducta, opciones restringidas para trabajar para cualquier tercero o libertad restringida para elegir un seguro de accidentes o un plan de pensiones.

La directiva “garantizará la autonomía, la libertad y la flexibilidad de los autónomos. Protegerá a los trabajadores precarios asegurando su acceso a los derechos sociales y laborales, apoyará a los buenos empleadores y evitará la competencia desleal, además de garantizar la supervisión e interacciones humanas para que las ‘máquinas’ no puedan despedir a las personas ni espiarlas. Los algoritmos no serán cajas negras. Cerraremos las lagunas legislativas para garantizar la protección de todos los trabajadores y la competencia justa”, subrayó Gualmini.

En esencia, el texto contempla prohibir que los sistemas automatizados tomen decisiones importantes, como despidos o cambios de horarios, y establece que cualquier medida que afecte significativamente a las condiciones de trabajo deberá quedar bajo supervisión humana. En cuanto a la transparencia algorítmica, los eurodiputados quieren obligar a las plataformas a brindar información a los trabajadores sobre cómo se está utilizando el monitoreo y cómo afecta su relación laboral, salud, seguridad y condiciones de trabajo, así como sobre la cancelación de cuentas, la promoción o la asignación de tareas.

Jongerius señaló en Twitter: “Las empresas de plataforma deben cumplir con las mismas reglas que todas las demás empresas. Dar a los empleados un salario digno, pagar las cotizaciones a la Seguridad Social y respetar la ley de despido”. “Todo trabajador tiene derechos laborales y sociales: salario justo, seguro social, licencia por enfermedad y negociación colectiva. Esto es lo que queremos grabar en piedra con esta nueva legislación europea. Es hora de cambiar el juego de la economía colaborativa y asegurarnos de que este modelo de mercado laboral no se extienda a otros sectores laborales”, añadió en el comunicado de los eurodiputados socialistas.