Los inspectores de Hacienda declaran la guerra judicial contra las “oposiciones light” de Montero con una manifestación

“En defensa de lo público: por una Administración cualificada y no politizada”. Ese es el lema bajo el que, por primera vez en la historia de la Administración Pública, los inspectores de Hacienda han tomado las calles para exigir a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, que revierta el acuerdo alcanzado con los sindicatos y presente una nueva fórmula de “promoción interna light” que esté “consensuada con todas las escalas” y que evite la pérdida de conocimientos y la desaparición “drástica” de la exigencia y los requisitos mínimos que hasta ahora se pedían.

El presidente y la vicepresidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga y Ana de la Herrán, respectivamente, hicieron entrega en el Ministerio ante dos centenares de inspectores las 1.500 firmas recabadas entre el colectivo -lo que supone alrededor del 75% de la plantilla-, expresando su total oposición a unos cambios que, según advierten, van a suponer “el destrozo de la Administración y la muerte de una Función Pública”.

Pérez Boga reiteró ante los medios durante la concentración el error de eliminar los exámenes orales, los exámenes prácticos y las pruebas de idiomas en beneficio de un mero test de respuestas alternativas, así como la reducción del contenido de las oposiciones a un 20% del que era hasta ahora. “Hay que mantener el actual listón de exigencia en las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y negociar un esquema diferente, que facilite la promoción interna sin rebajar los actuales niveles de exigencia”. También consideró que las oposiciones en su formato vigente son “una garantía de independencia y calidad en el servicio público”, por lo que rechazan cualquier cambio que suponga facilitar los exámenes porque “generará una rebaja de la cualificación de los futuros servidores públicos y, a la postre, unos peores servicios públicos”, además de abrir la puerta a la “politización” del funcionariado por promociones cada vez con “criterios más subjetivos”.

En el mismo sentido, para Ana de la Herrán, vicepresidenta de IHE, la aprobación de esta medida ha creado una “gravísima amenaza sobre la Administración. Se quiere solucionar la falta de efectivos acumulada durante los últimos años, pero eso no se logra con un cambio del sistema de selección que alienta una muy baja preparación técnica, al reducir drásticamente los conocimientos que se exigen para promocionar. Tampoco con la introducción jamás vista hasta ahora en la Función Pública de una serie de criterios subjetivos que ponen en peligro la independencia del funcionario, que debe seguir estando al margen de cualquier injerencia política”.

Además, los inspectores reconocen su indignación por el hecho de que este acuerdo se haya alcanzado sin conocer la opinión de los funcionarios del grupo A1, “que son los que dirigen, organizan y gestionan la Administración Pública”, por lo que consideran esta medida una “falta de respeto y una injusticia” para los candidatos preparados y supone un perjuicio para los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos. “Esto es el primer paso, después vendrá la flexibilización en el turno libre”, ha alertado Pérez Boga.

IHE ha confirmado que recurrirá ante los tribunales el acuerdo firmado entre el Ministerio y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF e impugnará cada una de las convocatorias de promoción que se oficialicen. Lo que “de momento” descartan es la convocatoria de una huelga para reivindicar sus peticiones para facilitar que se inicie “de inmediato” un diálogo con todos los representantes de la escala A1, aunque que no van a detener los procedimientos legales iniciados por sus servicios jurídicos contra la medida.