El Banco de España confirma el parón económico para 2023 y avisa del peligro de retirar las medidas anticrisis, pero pide “focalizarlas”

El Banco de España confirma la ralentización del crecimiento de la economía española, aunque descarta entrar en un periodo de recesión. Eso sí, advierte del parón en el impulso de la actividad económica, por lo que estima que el PIB crecerá a tasas del 4,6% este año -solo una décima más sobre su anterior previsión- y se desplomará al 1,3% en 2023, con un estadio de inflación que se desacelerará desde el 8,4% en el promedio de 2022 hasta el 4,9% y el 3,6% el próximo ejercicio, aunque el estadio inflacionista “sería persistente”. Para 2024 se recuperaría 1,4 puntos porcentuales el crecimiento del PIB, hasta el 2,7%, y en 2025 habría un nuevo retroceso y cerraría en el 2,1%, con inflaciones del 1,8% en ambos casos.

Destaca el Informe Trimestral de la Economía Española, que presentó hoy Ángel Gavilán, director de Estadística del organismo regulador bancario, que el ritmo de crecimiento de la actividad se moderó sustancialmente en el tercer trimestre de 2022 al 0,2% intertrimestral en ese periodo, muy por debajo de lo observado entre abril y junio (1,5%), aunque en línea con lo anticipado por el Banco de España en sus proyecciones de octubre (0,1%). Esta debilidad, que se prolongará al inicio del próximo ejercicio, hará que, en el conjunto de 2023, el crecimiento del PIB se modere significativamente, hasta ese 1,3% -una décima menos que lo previsto en el anterior trimestre-, aunque con un perfil de mejoría gradual a medida que transcurra el año.

Según se explica, esta desaceleración de la actividad obedeció a la confluencia de diversos factores adversos, “de naturaleza eminentemente global, que influyeron negativamente sobre las decisiones de los agentes económicos tanto en España como en la mayor parte de los países de nuestro entorno”, subraya. Estos factores incluyeron la crisis energética -y la incertidumbre acerca de posibles interrupciones del suministro en algunas economías-, las “elevadas y persistentes tasas de inflación, el consiguiente endurecimiento de la política monetaria por parte de los principales bancos centrales mundiales y el deterioro generalizado de la confianza”.

La ralentización en el ritmo de avance del PIB en España durante el tercer trimestre también se debió al “menor impulso proporcionado por los sectores más afectados por la crisis sanitaria”, tras la intensa mejoría que estos habían experimentado en el segundo trimestre a raíz de la eliminación de la práctica totalidad de las medidas de contención de la pandemia. Así, en el tramo final del año, en un contexto condicionado por la guerra de Ucrania, “habría continuado el deterioro de la confianza de las familias y empresas en nuestro país, con el endurecimiento de las condiciones financieras y el paso atrás en el consumo”.

No obstante, el supervisor bancario cree que los datos de afiliación a la Seguridad Social muestran un crecimiento de la ocupación en el cuarto trimestre similar al del tercero, “con un peso creciente de la contratación indefinida dentro del total”. Estos desarrollos en el mercado de trabajo estarían ejerciendo de sostén para el consumo privado que, dentro de una marcada debilidad -como consecuencia, de la notable pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo los hogares-, mantiene un modesto dinamismo en los últimos meses del año.

Sin embargo, los analistas del Banco de España creen que existe una “considerable incertidumbre” sobre la posible evolución futura del mercado de trabajo en nuestro país. Si bien podría seguir “sorprendiendo al alza”, también advierte de que puede empezar a mostrar “signos de debilidad más intensos que los previstos”, ya que el mercado laboral responde con un cierto retraso a la evolución de la actividad económica. Tampoco divisa un camino despejado para saber la senda que seguirá la tasa de ahorro de los hogares -que depende, entre otros muchos factores, de cómo evolucionen los niveles de incertidumbre agregados y la confianza de las familias-, ni del ritmo con el que los proyectos de inversión asociados a la llegada de los fondos europeos se irán filtrando a la economía ni de su capacidad para incrementar la capacidad de crecimiento potencial.

Por tanto, en el primer trimestre de 2023 se espera que la actividad económica se caracterice por una “considerable debilidad”, presionada por la inflación -todavía muy alta-, por el endurecimiento de las condiciones financieras y por el “escaso dinamismo” de la actividad económica global, en especial, la europea. Recuerda el informe que el mantenimiento de las medidas desplegadas por las autoridades para hacer frente a la crisis energética y al repunte de la inflación “proporcionarían un cierto apoyo a la actividad durante los primeros meses del próximo año”. Por tanto, estima que la prolongación de estas medidas de apoyo a hogares y empresas contribuirá, durante el año próximo, al sostenimiento de la actividad y a la contención de las presiones inflacionistas, aunque ello tendrá lugar a “expensas de efectos de sentido opuesto en 2024″, y, lógicamente, de un “cierto deterioro de las finanzas públicas”.

Ante esta incertidumbre, el Banco de España considera dos escenarios posibles, a la espera de la decisión del Gobierno de mantener o no el paquete anticrisis. Si las medidas prorrogadas se extienden más allá del 31 de diciembre de 2022, pero solo hasta el 30 de junio de 2023, la inflación media en 2023 sería siete décimas mayor, mientras que el avance del PIB sería una décima menor. Por otro lado, una hipotética extensión de la bonificación al precio de los carburantes hasta finales de 2023 reduciría seis décimas la inflación media en ese año, pero la elevaría en esa misma cuantía en 2024. En cambio, el impacto sobre el crecimiento del PIB sería de una décima al alza en 2023 y de una a la baja en 2024.

“Hay que ser riguroso en la implementación de estas medidas”, insistió Gavilán, que añadió que “en la coyuntura actual hay que tener cuidado con el impulso generalizado de las ayudas, en un contexto de presiones inflacionarias, porque puede incidir al alza sobre los precios. Este impulso debe de ser focalizado a empresas y colectivos más afectados por la actual situación económica. Y además, estas medidas deben de ser transitorias”.

Indica también el informe que la desfavorable evolución de los indicadores PMI -formado por nuevos pedidos, producción, empleo, plazos de entrega de los proveedores y compras- apuntaría a una reducción en el grado de dinamismo de la inversión empresarial en el corto plazo, a la espera de la llegada de los fondos Next Generation con una perspectiva temporal más amplia, que hasta ahora ha sido limitada. El ritmo con el que los proyectos de inversión asociados al programa NGEU se irán filtrando a la economía marcarán la capacidad de los mismos “para incrementar nuestra capacidad de crecimiento potencial, que dependerá de la implementación real de estos fondos”. Gavilán apuntó que “hemos revisado a la baja el impacto de estos fondos tanto en 2021 como en 2022. Hay que gastar estos fondos pero gastarlos bien, en proyectos que verdaderamente impulsen la economía”.

Gavilán ha advertido también que en los próximos meses va a haber “una traslación de los precios industriales a los precios de consumo, sobre todo en los alimentos”, por lo que los precios de la cesta de compra puede seguir creciendo, y lo hará con mayores tasas de crecimiento en España que en la UE, algo que ocurre desde finales del pasado año, lo que ha conllevado un diferencial positivo en este componente, aunque se ha reducido en los últimos meses.

También pidió al Gobierno que empiece ya una línea de reducción de la deuda pública “de forma gradual, planificada y diseñada en base a las partidas de gasto y de ingresos”, dados los altos niveles de endeudamiento que acumulan las Administraciones públicas tras la pandemia y la nueva situación de crisis provocada por la guerra en Ucrania.