Los sindicatos califican de “manual de recursos humanos” para funcionarios el “borrador” de ley de Función Pública

“Descompensada”, “básica”, “manual de recursos humanos que lo fía todo a los reglamentos”, “un borrador hecho con prisas”. Así han calificado los sindicatos de clase el anteproyecto de ley de Función Pública aprobado ayer por el Gobierno y que será objeto de profundos retoques hasta pasar el filtro del Parlamento si quiere contar con el visto bueno de las organizaciones sindicales UGT y CC OO.

“Vamos a presentar propuestas, sobre todo de carácter retributivo. El Gobierno presenta dos nuevos complementos, de carrera y de desempeño, que es cambiar de nombre al de productividad. Con la productividad hemos tenido que judicializar”, han señalado Carlos Álvarez, secretario federal de UGT Servicios Públicos para la Administración General del Estado (AGE) y Elisa Fernández, secretaria general de FSC-CC OO para la AGE.

“Es imprescindible que se fijen los mínimos por subgrupos , recuperar las pagas completas tras los recortes de 2010 y, aprovechando que podemos regular otros conceptos, la indemnización por residencia y de servicio que deben ser actualizadas porque son las mismas desde 2002 para que se agrupen”, ha incidido esta mañana el representante de UGT.

También lamentan la omisión en el anteproyecto del carácter máximo de la jornada semanal en 35 horas, junto a la mención de otros derechos como la jornada flexible, los períodos mínimos de descanso o la conciliación.

Aunque CC OO y UGT valoran algunos aspectos positivos como la configuración de la carrera horizontal, recuerdan que aún hay que incluir en la ley la aplicación al personal laboral, los sistemas de provisión y movilidad, la garantía de cobertura de plazas publicadas en ofertas de empleo público, la jubilación parcial y la prolongación del servicio activo, la modificación del régimen de clases pasivas, la constitución del grupo B y la definición de áreas funcionales de los actuales cuerpos, escalas y grupos de clasificación profesional, la consolidación del acuerdo de promoción interna, el incremento de la indemnización por residencia en los territorios no peninsulares, la evaluación del desempeño, la participación sindical y la negociación colectiva y la eliminación de aquellos artículos que restringen derechos adquiridos.