Las agencias de viajes, en pie de guerra contra el Gobierno por obligarles a comunicar las reservas de alquiler en vez de a las empresas o particulares

Las tres principales patronales de agencias de viajes rechazan que el Gobierno haya atribuido al sector la obligación comunicar los datos de las reservas de alojamientos y de alquiler de vehículos a motor en el territorio español. Así lo indicaron la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Aacave), la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y la Unión de Agencias de Viajes (UNAV) en un comunicado conjunto, en el que calificaron esta decisión como “totalmente improcedente”.

Según las agencias, en su calidad de intermediarias en las reservas, trasladan los datos de los viajeros a los establecimientos de alojamiento o a las empresas de alquiler de vehículos a motor a fin de que las reservas puedan perfeccionarse, motivo por el cual creen que “deberían ser los establecimientos de alojamiento y las empresas de alquiler de vehículos los obligados a esta comunicación, y no las agencias de viajes”.

Así, apuntaron que esto ya sucede en otra normativa similar, como es la referente a la comunicación de los datos incluidos en los PNR de las reservas de billetes aéreos, en la cual el legislador español “optó por atribuir está responsabilidad a las compañías aéreas y no a las agencias de viajes”, lo que hace “incomprensible” la decisión del Ejecutivo.

Las patronales indicaron que, a partir del próximo 2 de enero de 2023, las agencias de viajes, en aplicación del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, se verán obligadas a comunicar al Ministerio de Interior los datos de las reservas de las personas físicas que se hospeden en alojamientos españoles o que alquilen un vehículo a motor en el territorio español. En este sentido, explicaron que, hasta ahora, la obligación de comunicar los datos de las personas que se hospedaban en establecimientos afectaba únicamente a los propios alojamientos, los cuales debían comunicar estos datos en el momento en que se producía la entrada del viajero en el establecimiento.

Con todo ello, aseguraron que las agencias de viajes carecen de “medios suficientes” para hacer frente a la nueva obligación, recordando que “la gran mayoría de agencias de viajes son pymes y micropymes, que se verán totalmente impedidas a realizar una integración tecnológica para la comunicación máquina a máquina de este gran volumen de datos que les exige la nueva normativa”.

Así, subrayaron que se verán “abocadas” a realizar una comunicación manual de estos datos, a través de la plataforma que Interior habilitó el pasado 19 diciembre, a “escasos días” de la entrada en vigor de la norma. Esta comunicación manual, que la normativa establece que debe realizarse en un plazo no superior a 24 horas, supondrá, según las agencias, que “tengan que afrontar importantes costes de personal en un momento en que estas empresas todavía están recuperándose de los graves daños económicos producidos por la pandemia”.

Por otro lado, las patronales lamentaron que la normativa se aprobase sin contar con la opinión del sector” y “desconociendo la operativa real”. En este sentido, apuntaron que no ha sido hasta este año, con la norma ya aprobada, cuando Interior se ha reunido con las organizaciones en unos encuentros en los que el Ejecutivo “simplemente ha aceptado reducir los datos que se tendrán que aportar respecto a las reservas realizadas”, así como ha establecido un período transitorio de adaptación hasta el 2 de junio de 2023. Acave, CEAV y UNAV están trabajando “de manera conjunta” para estudiar las “posibles acciones” que se pueden emprender al respecto.