SMI

Díaz ya tiene la propuesta de los agentes sociales para el SMI: 1.040 euros de CEOE y 1.100 de los sindicatos

El Ministerio de Trabajo no ha presentado ninguna propuesta. Lo hará la próxima semana cuando vuelva a convocar una mesa de diálogo que no contará con los empresarios

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los DiputadosEduardo ParraEuropa Press

Yolanda Díaz ya tiene la horquilla que buscaba para decidir la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023: entre los 1.040 euros que ha propuesta la CEOE y los 1.100 que quieren los sindicatos. Fuentes de la negociación han confirmado que los representantes del Ministerio de Trabajo se han limitado a recoger sus posiciones, pero sin presentar su propia cifra sobre la que negociar, por lo que ambas partes tendrán que esperar hasta el próximo encuentro para tener una referencia sobre la que discutir, previsiblemente la próxima semana.

Las patronales CEOE y Cepyme, que no acudieron a la mesa del diálogo y la informaron por escrito -tras romper relaciones con el Ministerio tras el acuerdo con Bildu en la Ley del Empleo-, presentaron una subida máxima del 4% en 2023, hasta los 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas. Aseguran que es una “propuesta muy justa” y que estaría por encima de la subida salarial media pactada en los convenios firmados en 2022 (3,03%) y de la subida aplicada a los funcionarios (3,5%). “Hemos remitido una posición de las organizaciones empresariales acorde con la moderación salarial que se necesita para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo”, afirmaron desde CEOE.

Esta subida estaría condicionada a una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes para el sector agrario, que se sumaría a los incentivos vigentes, y al cambio en la normativa para permitir actualizar los precios de los contratos públicos con el fin de repercutir el incremento del SMI “en los contratos en ejecución”. Se trata de dos demandas que vienen de lejos y que el Ejecutivo se ha negado a cumplir, pese a haber elevado el SMI más de un 35% desde 2018.

Los empresarios defienden que la inflación se situará por encima del 2% durante el próximo año -según las propias previsiones del Gobierno-, “algo que penaliza también a las empresas por el lado de los costes y se añade al impacto de las subidas de impuestos y cotizaciones sociales, entre otras cargas”. Además, el PIB crecerá en el entorno del 1%, sin haberse recuperado para entonces los niveles previos a la pandemia, y con la productividad un 4,9% por debajo de la prepandemia en el tercer trimestre de este año. “El salario mínimo incide especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que conforman la gran mayoría del tejido productivo, puesto que presentan menores niveles de productividad y, por tanto, salarios más bajos”, han señalado en un comunicado.

El porcentaje planteado por los empresarios se encuentra por debajo de la horquilla recomendada por el comité de expertos que presentó esta semana sus conclusiones, que sugieren una subida de entre el 4,6% y el 8,2% para cumplir con el compromiso de elevar el SMI al 60% del salario medio. Pendientes todavía de que el Gobierno concrete su postura, CC OO y UGT no se han movido de su reivindicación de que el SMI suba hasta los 1.100 euros mensuales, un 10%, 2,6% por encima de la subida del IPC este año. Aunque también hay diferencias entre los sindicatos. Mientras CC OO plantea una subida mínima de 1.082 -el tope propuesto por los expertos- y los 1.100 euros, UGT reclama los 1.100 euros sin “rebaja de ningún tipo porque no puede perderse más poder adquisitivo entre los trabajadores”, explicaron.

Los empresarios han reconocido que son “conscientes” del impacto de la inflación en las rentas más bajas, pero también consideran que la prioridad en 2023 es el mantenimiento del empleo del colectivo afectado por el SMI, para lo cual “es necesario llevar a cabo un incremento acompasado con este contexto”.