El alquiler se dispara un 8,4% y anticipa una odisea en enero: “No puede ser peor para los que busquen casa”

El respiro dado por la pandemia a los alquileres ha pasado por completo a la historia en 2022. El intervencionismo del Gobierno en el mercado de la vivienda ha terminado de dar la puntilla a un sector que ha visto no sólo cómo el precio de los alquileres se disparaba, sino que vislumbra un nuevo año 2023 plagado de nubarrones que amenazan con seguir restringiendo la oferta y, en consecuencia, impulsando los precios. Según el último informe del portal inmobiliario Idealista, el precio del alquiler ha subido un 8,4% en 2022, alcanzando a finales de año los 11,4 euros por metro cuadrado. Esta cifra supera a la del trimestre anterior en un 2%. Además, el alquiler se ha encarecido a doble dígito en la mayoría de grandes ciudades durante 2022 y los precios se han incrementado en 48 de las 50 capitales de provincia en el último año.

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, «el principal problema que ha tenido el alquiler en 2022 es el eje sobre el que se vertebrará su evolución en 2023: la falta de oferta disponible. A la fuerza creciente de la demanda se le une una oferta menguante que no encuentra reposición. La inseguridad que sienten los propietarios frente a desahucios y ocupaciones, y las medidas que se toman o anuncian desde el Gobierno, lejos de fomentar la aparición de nuevo producto en el mercado están provocando la drástica reducción del parque inmobiliario del alquiler. La ecuación es sencilla: menos viviendas y más demandantes tienen como resultado tensión en los precios», asegura.

Prórroga forzosa

Se refieren desde Idealista a la prórroga «forzosa» de contratos de alquiler impuesta a los propietarios por el Gobierno de Pedro Sánchez, incluida en el paquete de medidas aprobado esta semana. En concreto, obligará a extender durante seis meses todos los arrendamientos que expiren entre enero y junio de 2023, además de la ampliación del límite del 2% de subida en la actualización de las rentas y la prórroga de la paralización de los desahucios.

De hecho, desde Idealista señalaban tras el anuncio del Ejecutivo lo erróneo del planteamiento: «Se equivoca otra vez», puesto que supone «desconocer» las dinámicas del mercado y traerá «un profundo impacto negativo» en 2023. «La prórroga es una excelente noticia para los inquilinos actuales, pero no puede ser peor para las personas que busquen casa a partir de enero», decía Iñareta. «Las medidas anunciadas, lejos de arreglar la situación, la empeoran gravemente. No solo desincentivan la aparición de nuevas viviendas en el mercado, sino que empuja a muchos más propietarios a sacarlas del mismo y a ponerlas en venta. Mientras el Gobierno siga desmontando medida a medida el mercado del alquiler, el problema seguirá aumentando».

Dónde sube más y menos

Según los datos de Idealista, Barcelona ha sido la capital en la que más ha subido el precio del alquiler durante este año, con un incremento del 25,7 %, seguida de Alicante (23,4%), Valencia (20,9%), Málaga (20,7%) y Gerona (19,2%). En el caso de Madrid, la subida es del 11,2 %. Las únicas bajadas se han registrado en Palencia (-4%) y Córdoba (-0,3 %). Además, Barcelona es también la capital más cara para alquilar una vivienda, con 19,3 euros/m2, seguida por San Sebastián (16,3) y Madrid (16,2). En la parte baja de la tabla están Zamora (5,6 euros/m2), Ciudad Real (6,1), Ávila y Lugo (6,2), Cáceres (6,3) y Palencia (6,4).

Por comunidades autónomas, los alquileres se han encarecido en todas durante el año 2022, sobre todo en la Comunidad Valenciana (15,8%), Cataluña (14,7%), Baleares (14,5%) y Canarias (14,2%). Por debajo se han situado Andalucía (9,8%), Madrid (9,6%), Cantabria (7,7%) y Murcia (7,1%), mientras que las menores alzas se han registrado en Navarra (3%), Castilla-La Mancha (4,3%) y Castilla y León (4,3%).

“Ataque a la propiedad privada”

Con estas cifras, no es de extrañar que expertos y profesionales del sector inmobiliario hayan salido en tromba a alertar de los efectos negativos que van a seguir provocando las medidas del Gobierno. Medidas que han sido tachadas de nuevo ataque al derecho a la propiedad privada de más de dos millones de propietarios en España» por la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval). Su directora general, María Andreu, afirma que la inseguridad jurídica e indefensión que provocan estas medidas reducirán la inversión en vivienda en alquiler y llevará a que los propietarios retiren sus inmuebles de este mercado. «Los colectivos vulnerables, aquellos a los que se dice proteger con estas medidas, serán los más perjudicados, ya que esta disminución de la oferta dificultará aún más el acceso de estas familias a una vivienda», dice.

El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, asegura que «prorrogar por decreto todos los contratos de alquiler en España durante seis meses más para todo tipo de inquilinos, vulnerables o no, es una medida totalmente innecesaria y muy contraproducente para los propietarios de viviendas en alquiler». Según sus cálculos, en los nueves meses de vigencia del tope a la subida del precio del 2% en la revisión anual de alquileres, también prorrogada en 2023 y en la que los propietarios no han podido aplicar una subida similar al IPC, estos han perdido unos 1.800 millones de euros, pérdidas que ahora serán «mucho mayores». Recuerda que «más del 93% de los propietarios son particulares», que «necesitan» este dinero «para compensar la elevada inflación, que también les afecta». En cualquier caso, apunta que además de reducir la oferta y elevar los precios, estas medidas están provocando que cada vez se les pidan más requisitos a los inquilinos para acceder a un piso».

Inquilinos que ya no pagaban

Desde la Agencia Negociadora del Alquiler creen que el Ejecutivo, vista la dificultad para aprobar definitivamente la Ley de Vivienda, ha decidido «saltarse todas las normas y también a las autonomías para ir aplicando contenidos de esta Ley». «Es una medida política que tiene la clara intención que cambiar las reglas de juego, vulnerando por un lado la legalidad de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), favoreciendo una vez más a los arrendatarios, en detrimento de los propietarios particulares», lamentan. Además, subrayan que la «ampara a inquilinos, que, sin estar en situaciones de vulnerabilidad, en este caso por una inflación elevada, ya estaban dando muestras de impagos, de retrasos o de otros incumplimientos contractuales, y que, en situaciones normales, ningún propietario prorrogaría los contratos».