Órdago sindical: derecho a pensión con 12 años cotizados en vez de 15

En plena negociación de la segunda fase de la reforma de las pensiones, los sindicatos han echado un órdago al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá: la rebaja del periodo cotizado mínimo de los 15 años actuales a 12 años. Así lo anunció ayer el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, con el argumento de que la suma de las medidas de ahorro y gasto de la Seguridad Social con la reforma de las pensiones «tiene que ser cero».

«Tenemos que encontrar un acuerdo equilibrado. La suma y la resta de lo que se pagará de más y lo que se ahorrará la Seguridad Social tiene que ser cero. En ese sentido, es verdad que con una visión innovadora hasta ahora, creemos que hay que actuar sobre la exigencia de 15 años mínimos para tener derecho a la pensión, barajando que se baje tres años para tener acceso a la pensión contributiva», anunció Álvarez en una comparecencia para explicar las líneas generales que marcarán la acción de su sindicato durante este año.

El periodo cotizado mínimo para tener acceso a una pensión contributiva es hoy de 15 años o 5.475 días cotizados, tanto para los trabajadores que estén dados de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada, como para aquellos que no estén en esas situaciones. Se trata de uno de los cuatro requisitos para acceder a una pensión contributiva.

Además, al menos debe haber dos años de cotización comprendidos dentro de los 15 años anteriores al momento de generarse el derecho –o anteriores a la fecha en la que cesó la obligación de cotizar, para trabajadores en alta o situación asimilada–, que es lo que se conoce como carencia cualificada o específica.

Esto quiere decir que si una persona ha cotizado menos de 15 años en toda su vida, o si ha cotizado esos años pero dos de ellos no están dentro del periodo de 15 años anterior a su retiro, pierde el derecho a su pensión contributiva, aunque puede acceder a una pensión de carácter asistencial en determinados casos.

La exigencia apunta a una contrapartida por la negativa de Escrivá a retirar su propuesta para elevar gradualmente hasta los 30 años el periodo de cálculo de la pensión desde los 25 actuales, descartando los dos peores años cotizados. Todo para cumplir con la exigencia de sostenibilidad del sistema que demanda Bruselas y pese a que esta ampliación no está entre las recomendaciones del Pacto de Toledo. Sin embargo, Álvarez lo negó: «No hay ninguna concesión hasta que no tengamos un acuerdo cerrado. Cuando esté cerrado, veremos qué condiciones se han dado».