Los inspectores de Hacienda denuncian el cambio de escalas a dedo y los ascensos politizados

Nuevo paso adelante de los inspectores de Hacienda en su lucha contra la nueva ley de Función Pública pactada por la ministra María Jesús Montero y los sindicatos de base –UGT, CC OO y CSIF, pero sin ni guna representación de las asociaciones de la escala A1–, que modifica los planes de acceso a los altos cuerpos de la Administración, rebajando el nivel de las oposiciones y dando paso a su politización. A mediados de diciembre, la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) organizó la primera concentración de la historia de este cuerpo para manifestar su rechazo a este acuerdo. Con el cierre del año inició un segundo capítulo al presentar un recurso contencioso administrativo en lo tribunales –conjuntamente con el cuerpo de la escala técnica de organismos autónomos– para paralizar la aplicación de esta norma.

Ahora han querido cerrar el círculo de actuaciones y han presentado en plazo alegaciones contra el proyecto de ley de Función Pública para que se elimine la disposición adicional que determina que «el Gobierno llevará a cabo una sistematización de los cuerpos y escalas, atendiendo al principio de especialización, ordenándolos en subgrupos y pudiendo crear o modificar los existentes a tal objeto». Para los inspectores, esta disposición tiene «una redacción muy poco clara» en la «exposición de motivos», por lo que queda «abierta a interpretaciones» y facilitaría que «la toma de decisiones se haga de «forma personal» o por «motivos particulares», con el consiguiente peligro de injerencia política. Una motivación similar sobre la que basaron el recurso administrativo contra el acuerdo sindical de la promoción. «Todo está relacionado», explican los inspectores, que exigen «la supresión inmediata de esa disposición adicional porque debería hacerse por tramitación parlamentaria y no ser decidida por el Gobierno de turno».

La práctica totalidad de las 43 asociaciones profesionales y sindicatos de la escala más alta de la Administración, el subgrupo A1, ha denunciado públicamente el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios en las escalas inferiores (CSIF, UGT y CC OO) para facilitar la promoción interna de los funcionarios a través de pruebas de acceso más asequibles, con menos temario, tipo test y con una reducción de la exigencia curricular.

En concreto, el acuerdo ha revisado los procesos de selección y promoción profesional de los empleados públicos, que implica que los exámenes de ascenso serán tipo test, valdrán los ejercicios anteriores aprobados, se unificarán ejercicios y reducirán el temario y los requisitos, incluso se prescindirá de la prueba de idiomas.

Así, en la primera fase los funcionarios estarán exentos de realizar ejercicios que hayan superado en convocatorias anteriores y análogas. Posteriormente, habrá una fase de concurso, en la que se valorará la experiencia, y en la que se puntuarán los servicios prestados con un 60%, el tiempo consolidado en la Administración un 20% y los cursos de formación recibidos de más de 15 horas con otro 20%. En el caso de la promoción la promoción al A1, el único requisito extraordinario a los anteriores será la realización de un curso selectivo que impartirá la propia Administración y que contará con una parte eliminatoria.

El objetivo, según defienden los sindicatos firmantes, es reducir la elevada cifra de vacantes en los actuales procesos de promoción interna, que en algunos casos dejan sin cubrir más del 70% de las plazas.

Esto ha levantando en armas a este colectivo, lo que ha provocado el contencioso administrativo interpuesto por la IHE y la alegación de la citada disposición adicional, lo que podría terminar en el primer caso, con una paralización de todas las funciones ejecutivas de la Administración si no se tienen en cuenta sus demandas y se cuenta con ellos para elaborar un nuevo acuerdo que recoja sus aportaciones, y en el segundo, con un cambio normativo si es atendida.