292 empresas se fugan en el primer cuatrimestre

Desde 2008, y hasta el pasado mes de abril, 7.720 compañías salieron de Cataluña hacia otras comunidades autónomas.

292 sociedades mercantiles trasladaron su domicilio social fuera de las fronteras catalanas durante el primer cuatrimestre del año, mientras que el número de empresas que llegaron fue de 223. La diferencia arroja un saldo negativo de 69 compañías, que equivale a una pérdida en la facturación superior a los 74,5 millones de euros, según los datos adelantados por Axesor a LA RAZÓN.

Desde 2008, y hasta el pasado mes de abril, 7.720 empresas se han fugado desde Cataluña hacia otras comunidades autónomas. Y aunque esta huida no pueda asociarse al desafío secesionista, representantes del mundo empresarial han manifestado públicamente que la inseguridad jurídica que generan los actuales dirigentes catalanes, al no querer cumplir con la legalidad vigente, está provocando que los empresarios huyan de Cataluña «como de la peste».

Más allá de esa inseguridad jurídica, el déficit de infraestructuras o una elevada presión fiscal constituyen los principales motivos que pueden originar la deslocalización de compañías. Y Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya, señala la incertidumbre que provoca la obstinación por continuar con el Procés o por sacar adelante las llamadas leyes de desconexión y el infierno fiscal derivado de las figuras tributarias nuevas creadas por el acuerdo de la CUP con ERC y el PDECAT. De hecho, Cataluña es la comunidad que cuenta con un mayor número de impuestos propios, tras duplicarlos en siete años.

Bou no ve tan grave el número de empresas que se han ido de Cataluña como la cantidad de compañías que han dejado de asentarse en territorio catalán. Y advierte de que cuando un empresario recibe el mensaje de que quien gobierna en un lugar donde pretende invertir quiere poner una frontera se plantea otras opciones. Máxime, agrega, teniendo en cuenta que al frente del Ayuntamiento de Barcelona hay un gobierno municipal enemigo de las inversiones hoteleras.

De las 802 empresas que se fugaron de Cataluña durante el pasado año, 310 fueron a parar a Madrid. Fuentes consultadas aseguran que no existe un registro estadístico en relación a las empresas que están valorando en estos momentos marcharse de la comunidad catalana, destacan que lo que las compañías quieren es que se dialogue y negocie; y puntualizan que la mayoría de las empresas considera que si llegara a haber un referéndum, éste debería celebrarse dentro del marco legal.

España supone más del 40% del mercado de las empresas catalanas, por lo que Bou opina que los efectos que podría tener la independencia en las compañías ubicadas en Cataluña, dado el consecuente aislamiento, serían catastróficas. Asimismo, fuera de nuestro país y en ese hipotético escenario, augura mayores costes arancelarios, dificultades para la exportación y para hacer frente al pago de la deuda, de las pensiones, de la Sanidad, de la Educación... «Seríamos un Estado fallido con la consiguiente crisis económica y social», agrega.

Si se declarara la independencia, muchas de las empresas ubicadas en Cataluña «quedarían secuestradas». Bou avisa de que el 99% del tejido económico, tanto de Cataluña como del resto de España, está conformado por pymes que hacen ventas de proximidad, que no pueden pagar los traslados de su personal, ni deslocalizar su producción, distribución o venta de servicio. «La independencia provocaría, además del éxodo de firmas internacionales, el cierre de decenas de miles de pequeñas empresas». De igual modo, alerta de que los casi 500.000 parados podrían multiplicarse por dos y de que precarizaría el empleo que fuera capaz de mantenerse.

Tanto la financiación autonómica como la municipal están basadas en la riqueza que genera la región, por lo que se resentirían de manera muy significativa. De forma paralela, la pérdida de músculo empresarial implica menos recaudación de los impuestos municipales y los tributos propios o cedidos de la Generalitat. Por otra parte, la marcha de empresas merma las oportunidades de negocio para el resto de compañías, reduce el turismo de negocios y el crecimiento de las importaciones, lo que podría traducirse en un grave déficit comercial que empobrecería a Cataluña.

Clima político

Las deslocalizaciones empresariales son un termómetro del clima político en un determinado territorio. Y teniendo en cuenta que la creación de las condiciones económicas, fiscales, sociales, de recursos humanos, infraestructuras TIC y movilidad es la obligación de todo Gobierno, «las deslocalizaciones son la plasmación de un fracaso en la gestión. Eso sí es un verdadero déficit fiscal provocado por el separatismo», resalta Bou.

Buena parte de los empresarios catalanes tienen ganas de poner fin al pulso del independentismo. Pretenden aprovechar el buen ritmo de crecimiento de la economía española y la magnífica campaña de verano que se avecina. «No quieren vivir pendientes de si se aprueban leyes de desconexión que tengan como resultado el envío a empresas de requerimientos para la entrega de datos personales de trabajadores o la recepción de falsas liquidaciones de la Hacienda catalana». Bou sostiene que los empresarios catalanes, en su amplia mayoría, «aman a España por encima de consideraciones económicas y quieren que haya unas elecciones autonómicas cuanto antes que den como resultado un Gobierno estable y comprometido con el futuro de Cataluña y de España», apostilla.