Ábalos asume que el Estado pagaría el cierre de los VTC

Fomento dictó la norma que las regiones usan como base para regular este transporte.

Si, como parece, el decreto-ley de la Generalitat de Cataluña para regular el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) llega a los tribunales, las posibles indemnizaciones que dictara la Justicia para este sector serían asumidas por el Estado. Unauto, su patronal, ya ha advertido de que cualquier normativa que restrinja su actividad será llevada a los tribunales. Y entiende que la del Gobierno catalán lo hace al obligar a precontratar sus servicios con hasta un máximo de una hora de duración, por lo que ya tienen la artillería legal preparada.

Aunque la patronal de los VTC considera que sería la administración que regule la que debería asumir las posibles responsabilidades legales en caso de que las hubiera, no es eso lo que transmitió el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el Congreso de los Diputados en octubre pasado. Durante su defensa del decreto-ley de ámbito estatal que establece las bases para regular el sector, los partidos nacionalistas catalanes mostraron sus dudas respecto a quién tendría que asumir responsabilidades en caso de que las normas autonómicas fueran impugnadas y los tribunales fallaran en contra de los gobiernos autonómicos.

«La responsabilidad patrimonial, en principio, es del Estado porque este [decreto-ley] es un acto de Estado, del que se van a derivar los siguientes actos. Esa responsabilidad no la perdemos», afirmó Ábalos desde la tribuna de la Cámara Baja.

Aunque Ábalos aclaró de palabra la cuestión, el decreto-ley no lo recoge en su articulado. Por ese motivo, tanto los representantes de ERC como los del PDeCAT instaron al ministro a dejarlo por escrito para evitar malentendidos. Y en eso están ahora. Pese a que el decreto-ley fue convalidado por el Congreso, se está tramitando como proyecto de ley y se está sometiendo a enmiendas. Y una de las que han solicitado los nacionalistas catalanes es, precisamente, recoger esta responsabilidad patrimonial de la administración.

El sector de los VTC estima que, en el caso de Cataluña, las indemnizaciones que podría reclamar por los cambios restrictivos en la regulación podrían ascender a 1.000 millones de euros, equivalentes al 9% de la partida destinada a Sanidad y casi el 20% del presupuesto asignado a Educación en Cataluña. No obstante, advierten de que si la normativa les obliga a abandonar su actividad en esa comunidad autónoma la cifra se disparará. En ese caso, exigiría compensaciones para cubrir las indemnizaciones que tuvieran que pagar a sus conductores por despedirlos o para afrontar otros pagos como la cancelación de contratos con algunos clientes o de «leasing» de los vehículos.

Unauto VTC, la asociación que representa al 90% del sector en España, ha advertido a las distintas administraciones involucradas de que si introducen restricciones a sus derechos que contravengan la normativa estatal exigirá las compensaciones económicas oportunas, que ascienden a 4.000 millones de euros, según un estudio de la consultora EY.