¿Acabarán el euro digital y la reducción del efectivo con la economía sumergida?

Aparte de la letra D de déficit, deuda y desaceleración, hay dos letras que sobrevuelan nuestra economía, la B de economía sumergida y la E de pagos en efectivo, ambas muy relacionadas y que condicionan la transparencia y eficiencia de nuestro sistema económico además de la equidad contributiva.

Uno de los debates más intensos es el de la existencia de economía sumergida en todos los países, algo que es difícil cuantificar y de lo que sólo existen estimaciones variopintas no oficiales y dudosas en cuanto a la dispersión en su cuantificación. Lo que no genera duda es que representa una parte significativa de la actividad económica mundial, planteando complejos retos para los países, en su intento de medir, controlar y, lógicamente gravar dicha actividad.

En un mundo, cada vez más globalizado, la economía sumergida ejerce un impacto significativo al erosionar las bases imponibles y distorsionar la competencia, socavando la efectividad de las políticas económicas y las regulaciones que permiten la estabilidad económica, aparte de que sobrecarga los hombros de los contribuyentes.

España

Según algunos estudios, en nuestro país, la economía sumergida se sitúa en torno al 20% del PIB y entre las principales causas podemos encontrar desde la precariedad y rigidez del mercado de trabajo junto al exceso regulatorio (en España, la producción normativa estatal, autonómica y municipal llenan millones de páginas publicadas en boletines oficiales, sin incluir la europea) y burocrático, la inestabilidad económica, la inflación o las elevadas cargas fiscales y laborales soportan empresas, trabajadores y familias.

En nuestro país, la elevada carga tributaria junto al aumento de la precariedad laboral, maquillada con contratos fijos, fomenta la economía paralela en aquellas actividades que exigen menor cualificación y donde el trabajador se encuentra más desprotegido, ya sea por su menor formación, la necesidad urgente de ingresos o por el desconocimiento de aspectos legales. También es más probable en pequeños negocios con márgenes reducidos y volátiles con un uso intensivo de efectivo que no disponen del pulmón financiero de las grandes empresas. Y aquí se cumple el binomio rentabilidad-riesgo, de modo que cuanto más rentable sea el fraude y menor riesgo se corra, los incentivos a participar en la economía sumergida seguirán aumentando.

Los más afectados por esta situación son aquellos que cumplen con sus obligaciones tributarias pues, si se atajase, la presión fiscal en nuestro país se reduciría siempre y cuando no se utilicen la recaudación como combustible para seguir aumentando el techo de gasto. Aquí surge una reflexión para analizar si el descenso de la economía sumergida, contribuiría a tener una menor presión fiscal, manteniendo los elevados niveles actuales de gasto público o bien tendríamos la misma presión junto a un aumento del gasto improductivo, o ambas cosas.

Ventajas

La reducción de la economía sumergida promovería un entorno económico más eficiente y transparente y, para favorecerlo, sería necesaria desde una simplificación del sistema fiscal y regulatorio junto a la creación de incentivos para la formalización económica.

Independientemente de que todos coincidamos en erradicar la economía sumergida, surge otra cuestión sobre si las medidas como la reducción de la jornada laboral, el MEI o el aumento del SMI, entre otras, así como el creciente número de regulaciones, están dando oxígeno a la economía sumergida, fomentando su supervivencia.

Y como el efectivo es el lubricante de la economía sumergida, el coto que se está poniendo a este tipo de pagos, puede dar algunos frutos, aunque no significativos, en la medida que no haya incentivos a declarar las operaciones para alguna de las dos partes involucradas en una transacción económica. Habrá que ver si la futura implantación del euro digital, junto a la paulatina desaparición del efectivo, son herramientas eficaces en la lucha contra la economía paralela o si serán meros mecanismos de control de los ciudadanos y reducción de las libertades.