El adelanto electoral paraliza proyectos estrella: la Ley de Función Pública o la última pata de la reforma de las pensiones

El sorpresivo adelanto de las Generales lanzado por el presidente del Gobierno tiene más implicaciones indirectas de las estrictamente electorales, y deja en el tintero varias normas de ámbito económico, industrial y laboral que el Ejecutivo tenía previsto sacar adelante antes de final de año. Ahora, tras aprobarse en el Consejo de Ministros extraordinario de esta tarde el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las elecciones generales del próximo 23 de julio, quedan implícitamente suspendidos buena parte de los decretos, estatutos, agencias y organismo que estaban pendiente de aprobarse. Así, el Estatuto del becario, la última parte de la reforma de las pensiones, la regulación de la jubilación parcial, la denominada ley laboral sobre los usos del tiempo, la nueva tarifa regulada de la luz, la nueva Autoridad del Cliente Financiero, la transformación de la Seguridad Social en Agencia para unificar todos los organismos, la de Función Pública o la Movilidad Sostenible... Todas quedan en suspenso y muchas de ellas podrían pasar a mejor vida.

Por ejemplo, se paraliza la creación de la Agencia de la Administración de la Seguridad Social, una propue sta que debería haberse puesto en marcha en junio del año pasado para unificar . Este plan para hacer un organismo único las entidades gestoras que la componen, entre ellas el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el Instituto de migración y servicios sociales, el Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Gerencia de Informática (GISS) o los servicios jurídicos. También queda en suspenso la Autoridad del Cliente Financiero, una nueva agencia de supervisión que venía a unificar los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias, y el organismo para investigar accidentes e incidentes en trenes, aviones y barcos.

Y el parón también afectará a varias leyes que ya habían recibido las enmiendas al articulado de los grupos para su tramitación parlamentaria: la Ley de Movilidad Sostenible, la Ley de Función Pública o la Ley de Familias -que incluye un permiso parental de 8 semanas que la legislación europea obliga a que sea retribuido, si bien desde el Gobierno ya se advirtió que había tiempo para su desarrollo hasta agosto de 2024-. En igual situación están los decretos que aunque entraron en vigor se aceptaron tramitar después como proyectos de ley, con la intención de poder incluir enmiendas al articulado, como la reforma del sistema de pensiones, del Plan '+ Seguridad para tu energía', de mejora de las condiciones de trabajo en personas trabajadoras al servicio del hogar, o la Ley de Industria en Consejo de Ministros. También quedan el aire la prórroga de la 'excepción ibérica' en el gas, la extensión del bono social del límite de renta y todos los decretos anticrisis. E cuanto a la Ley de Vivienda, aunque está plenamente vigente, sí quedarán desactivados los topes al alquiler -aunque sí que se mantendría la obligatoriedad de respetar los límites de la revisión anual- y la prórroga forzosa de los contratos, al tener que ser convalidados por la comunidades autónomas declarando las zonas tensionadas.

Otro de los ministerios más afectados es el de Trabajo de Yolanda Díaz, que no tendrá opción de sacar adelante la denominada ley sobre los usos del tiempo -con la que se pretendía rebajar la semana laboral de 40 horas semanales y actualizar el tipo de excedencias existentes y las horas extras y de trabajo-; el Estatuto de los trabajadores del siglo XXI -que incluía la revisión de la causalidad del despido y la forma de indemnización, así como una reforma de la protección por desempleo- o una nueva subida del SMI antes de finalizar el año.

En este sentido, el diálogo social tampoco podrá abordar la regulación de la jubilación parcial con contrato de relevo, un compromiso adquirido en el marco de la reforma de las pensiones que se quedará sin desarrollo, aunque al menos el ministro José Luis Escrivá sí que podrá concluir su plan para rebajar los requisitos establecidos para regularizar a inmigrantes sin papeles que lleven dos años en España y realicen una formación que permita su inclusión en el mercado laboral, porque en este caso se trata de una instrucción del Ministerio, pero el resto de sus grandes planes, como la última pata de la reforma de las pensiones, dicen de momento adiós, y aunque se habían abierto ciertas dudas sobre el nuevo sistema de cotización de autónomos, fuentes del sector han confirmado que "todo sigue adelante tal y como se convalidó".

Con la disolución de las Cámaras decaerá también el proyecto de ley de Movilidad sostenible, en tramitación parlamentaria y una de las grandes apuestas de Transportes para esta legislatura, que perseguía convertirla en la herramienta para promover la descarbonización y digitalización del transporte. El ministerio que dirige Raquel Sánchez tiene también abierta la creación de la autoridad independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, así como la liberalización de siete torres de control (Bilbao, Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Tenerife Norte y Tenerife Sur).

En materia de industria ha quedado pendiente de tramitación parlamentaria la Ley de Industria que debe sustituir a la de 1992, y aún está pendiente de lanzar la segunda convocatoria del Perte VEC (Vehículo eléctrico y conectado), después de que en la primera tan sólo se adjudicaran 800 millones de euros de una dotación de 2.975 millones. Como ya ocurrió con el gobierno anterior, queda pendiente en el Ministerio abordar el modelo de financiación de las autopistas con la implantación de un peaje en las autovías. Además, al Gobierno le ha quedado pendiente en el sector energético el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico -que con fondos de las grandes compañías, serviría para reducir los cargos de la factura de la electricidad- y la nueva tarifa regulada de la luz o PVPC, a la que se comprometió con Bruselas para aprobar el tope al precio del gas.