Las aerolíneas no cobrarán al menos hasta julio 319 millones de euros de atrasos de 2024 de las subvenciones a residentes

El contencioso que mantienen las aerolíneas con el Gobierno a cuenta de los descuentos de los que se benefician los residentes en las islas, Ceuta y Melilla cuando vuelan a España está en fase de resolución en lo que al ejercicio 2024 respecta. PSOE y Coalición Canaria pactaron incluir una enmienda en el proyecto de Ley que reforma la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea que recoge una partida de 319 millones para liquidar la deuda que el Estado tiene contraída con las aerolíneas por el adelanto del pago de esas subvenciones relativo al ejercicio pasado. Y desde el sector calculan que la ley puede entrar en vigor en julio y que puedan entonces recibir el dinero que se les debe, según explican fuentes de las aerolíneas.

Para facilitar el acceso al transporte aéreo, los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla tienen reconocida una subvención de hasta el 75% en las tarifas de los servicios aéreos regulares que unen estos territorios con el resto de la península, así como en los desplazamientos interislas. Se trata de una subvención reconocida y dependiente del Ejecutivo que se financia con cargo a los Presupuestos y que adelantan las aerolíneas. El problema, según denunció la patronal de las compañías áreas (ALA) meses atrás, es que al haberse prorrogado los presupuestos en los últimos años, la cantidad prevista para esta partida no alcanza el gasto total que comportan. Según sus cálculos, el Estado les adeuda 425 millones de euros correspondientes al pasado ejercicio, si bien Transportes rebajó esa cantidad hasta los 300 millones de euros, muy cerca de lo reconocido en este pago extraordinario.

Los pagos pendientes son fuente de enorme preocupación entre las líneas aéreas debido a que, según aseguran, están comprometiendo su sostenibilidad financiera. Hasta el punto de que llegaron a advertir de que, si la situación no se resolvía, podría hacer inviable la operación de algunas de estas rutas, afectando gravemente a la conectividad de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y, por tanto, a su desarrollo económico y generación de empleo.

Tras la denuncia pública de las compañías, el Gobierno anunció que tomaría medidas que se sustanciaron en la partida incluida en la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea.

El problema persiste

Aunque el Gobierno liquide la deuda que tiene pendiente de 2024, las aerolíneas se temen que el problema se mantendrá este ejercicio. Según sus cálculos, el gasto de esta partida ascenderá este año a 1.250 millones de euros. Y con los Presupuestos del Estado prorrogados, ya han advertido de que no habrá fondos suficientes para el pago de esta subvención dado que la partida seguirá siendo la de 560 millones consignada en las cuentas públicas de 2023, que fueron prorrogadas en 2024 y también en este 2025.

Las compañías han declarado públicamente queno están en contra del sistema, pero han pedido al Estado que asuma su responsabilidad dado que se trata de un compromiso que ha adquirido con los ciudadanos de las islas, Ceuta y Melilla y que tiene que cumplir.

Clavijo también ha dejado claro que Canarias no va a renunciar "bajo ningún concepto" al descuento del 75% que ha permitido a los canarios viajar en las mismas condiciones que el resto de españoles.