Airbnb reclama una regulación diferenciada para los alquileres turísticos en zonas rurales y pequeños municipios donde el 45% de las viviendas están vacías

Airbnb defiende el potencial de los alquileres turísticos para descentralizar el turismo impulsando el desarrollo económico de las áreas rurales, pero para lograrlo reclama una regulación diferenciada que facilite la proliferación de estos alojamientos en la España vaciada. Según datos recopilados por la plataforma, menos del 1% de los municipios españoles superan los 100.000 habitantes, sin embargo acumulan el 40% de la población y buena parte del turismo. "El turismo en España está hiperconcentrado", reconoce Jaime Rodríguez de Santiago, Director General para España y Portugal de Airbnb, una tendencia que Airbnb aspira a cambiar con su modelo de negocio.

"Nos hemos acostumbrado a esta hiperconcentración, pero es una anomalía", subraya Rodríguez de Santiago. España es el segundo país del mundo que más turistas recibe pero nuestros destinos rurales reciben una séptima parte que los municipios rurales franceses. Pero para que haya turismo es necesario que haya alojamientos. Muchos de estos municipios, no obstante, no tienen la capacidad para tener hoteles -el 75% de los municipios de menos de 10.000 habitantes no tiene oferta de hospedaje tradicional- pero sí hay viviendas de particulares que permanecen vacías buena parte del año y se pueden convertir en alojamientos.

En concreto, el 45% de las viviendas vacías en España están en municipios de menos de 10.000 habitantes y el 70% de los alojamientos en zonas rurales de España tienen capacidad sobrante. El turismo puede ayudar a convertir esos espacios vacíos en activos para sus propietarios y para los negocios locales sin ocasionar presión sobre la vivienda, ya que solo el alquiler de corta duración en pueblos rurales representa solo el 0,6% del parque habitacional. Airbnb defiende que para dar vida a esas viviendas vacías y pueblos no solo hacen falta personas dispuestas a alquilar, sino también un mecanismo, una plataforma para alquilar esas viviendas, así como una regulación que pueda jugar un papel esencial a la hora de favorecer esta actividad que nutre la economía local.

Jaime Rodríguez de Santiago denuncia que en España no existen normativas que diferencien a los particulares que alquilan sus viviendas de aquellos propietarios que ejercen actividades empresariales, amenazando el desarrollo rural. Por ello, reclama un tratamiento normativo diferenciado para el alquiler de corta duración en municipios rurales o en riesgo de despoblación, establecer zonas rurales exentas de restricciones regulatorias que sí tienen sentido en áreas urbanas, priorizar ayudas públicas para estos alojamientos y facilitar el registro y acompañamiento legal a propietarios rurales con un registro único, armonizado y en línea. Airbnb pone de ejemplo el caso de Francia, que tiene un registro digital, permite alquilar la primera y segunda residencia, distingue entre alquiler ocasional (-120 días al años) y el profesional (+120 días al año) y no obliga a realizar tareas administrativas innecesarias.

Preguntado por si no sería más óptimo establecer un marco regulatorio común europeo en lugar de centrar los esfuerzos en España, Jaime Rodríguez de Santiago señala que en España es más acusada la falta de diferenciación regulatoria, por lo que que exista un marco europeo no siempre garantiza que la regulación nacional refleje ese marco europeo. Por ello, trabajarán con las administraciones locales, el Ministerio de Vivienda y el de Consumo para lograr medidas concretas en España.

"Hay mucha España rural. Somos un país de pueblos. El 60% de los españoles estamos a uno o dos generaciones de un origen de pueblo. Tenemos una fuerte conexión con el mundo rural", ha apuntado en un encuentro con medios Jaime Rodríguez de Santiago. Esto se refleja en un incremento del apetito por viajar a estas zonas para descubrir destinos menos conocidos (el 90% de los españoles se plantea visitarlos), esquivar la saturación de los destinos más conocidos (51% los considera saturados) y acceder a unas vacaciones más económicas (el 38% considera los destinos más conocidos demasiado caros).

En 2023, el 55% de las reservas en alojamientos turísticos se concentraban en áreas no urbanas (45% en 2018), duplicándose desde 2020, a mayor ritmo que las reservas de alojamientos tradicionales (hoteles y hostales). En 2024, más de 5.300 pueblos y localidades recibieron al menos una reserva turística a través de Airbnb, permitiendo mantener la actividad económica de estas áreas.

Esta demanda la concentran sobre todo familias. El 72% de los españoles viaja en familia y las reservas de familias en áreas rurales se han disparado un 177% desde 2019. Además, estas estancias familiares tienden a ser más largas y tener más huéspedes -la mitad de las estancias rurales de familias durarán este invierno entre 7 y 27 días-, generando un mayor impacto económico ya que los anfitriones son prescriptores de los negocios de sus zonas. Por ejemplo, el 49% de los viajeros llegan a restaurantes o cafeterías por las recomendaciones de anfitriones de la casa donde se hospedan.

Asimismo, según datos previos de la plataforma, el año pasado 13 millones de turistas visitaron municipios españoles de menos de 10.000 habitantes alojándose en alquileres turísticos. De los más de 5.000 millones que gastaron, menos de la mitad se quedó en los alojamientos mientras que 3.200 millones de euros acabaron en las cuentas de restaurantes, bares, pubs, comercios minoristas, museos y empresas de ocio y cultura. Esto se traduce no solo en dinero sino también en empleo. El estudio subraya que este mayor flujo turístico se traduce en un aumento del 4% en el empleo local en sectores como la hostelería (con un alza del 5%) y el comercio al por menor (+3%) en los pueblos muy rurales. Por otro lado, un estudio de Oxford Economics señala que los alquileres de corta duración aportan un 2% al PIB de España y sostienen 400.000 puestos de trabajo a nivel nacional.