Los altos funcionarios abren la batalla contra el "enchufismo" y la "vulneración de principios" de la nueva ley de interinos

Los altos funcionarios de la Administración Central han colmado la gota de su paciencia. Ante el "inmovilismo" y la "falta de negociación" por parte del Gobierno han decidido volver a las movilizaciones para protestar contra la convocatoria de oposiciones con listas de interinos, "pedir oposiciones justas" y evitar que se "abra la puerta a la arbitrariedad" y a dar entrada a personas afines políticamente en puestos claves, es decir, quieren acabar "totalmente" con el "enchufismo".

Así lo denuncia la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado (Fedeca), que ha convocado para mañana una concentración frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública para protestar contra la posibilidad de que en los procesos de selección se puedan elaborar listas de interinos que entrarían a formar parte de la plantilla de la Administración, lo que provocaría una "vulneración total de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir dichos procesos selectivos". Fedeca denuncia también que la práctica, impulsada por la Secretaría de Estado y Dirección General de Función Pública, se hace "sin explicación alguna".

A esta concentración se ha sumado, entre otras, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), una de las más combativas, que ha lanzado dos preguntas al Gobierno de las que todavía está esperando respuesta: "¿Para qué esa bolsa de #interinos que se pretende configurar? ¿Es justo reducir al máximo los requerimientos para que los interinos se conviertan en funcionarios sólo aprobando uno de los exámenes que se deben superar para acceso a los cuerpos A1 de la Administración General del Estado (AGE)?".

Todas las asociaciones integradas en Fedeca han manifestado su total oposición a la intención de incluir, sin "discriminación ni explicación alguna", en las últimas convocatorias de empleo público un apartado que hace posible la elaboración, por parte del tribunal de selección de los candidatos, de una lista de interinos que entrarían a formar parte de la plantilla de la Administración. Según sostienen, la reducción de la temporalidad en el sector público está en consonancia con lo que ya señaló en 2020 la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoció en su momento que España había hecho un uso abusivo de la figura de los funcionarios temporales, contratados como interinos. Además, recuerdan que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España envió a la Unión Europea contempla como objetivo reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8% para lo que se están llevando actualmente a cabo procesos de estabilización.

Para los cuerpos superiores, estos nuevos procesos selectivos indiscriminados supone volver a la irregularidad ya sancionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Además, la gravedad de este hecho se acentúa en la convocatoria de puestos que conllevan el ejercicio de potestades administrativas", advierten. Los altos funcionarios temen que se pueda abrir la puerta a la arbitrariedad y a dar entrada a "personas afines en puestos claves para el funcionamiento correcto, profesional e independiente en la Administración General del Estado".

Todas las asociaciones secundan ahora las movilizaciones que ya iniciaron los inspectores de Hacienda a finales del año pasado, cuando unos 200 funcionarios de este cuerpo se manifestaron por primera vez en su historia ante la puerta del Ministerio de María Jesús Montero para protestar contra el acuerdo alcanzado entre algunas organizaciones sindicales y Función Pública para flexibilizar las pruebas de acceso de promoción interna. En aquel momento entregaron una carta con 1.500 firmas recabadas entre el colectivo de inspectores -los que supone el 75% del total-, expresando su "total oposición" a unos cambios que, según advierten, van a suponer "el destrozo de la Administración y la muerte de una Función Pública".

Entre otros acuerdos, el texto de la nueva ley de promoción interna firmado el pasado mes de noviembre implica que los exámenes para la promoción interna serán tipo test, se acumularán los ejercicios en una única prueba y habrá menos temario "para evitar que las plazas se queden sin cubrir", según justificaban Gobierno y sindicatos, incluso se prescindirá de la prueba de idiomas. Así, en una primera fase los funcionarios estarán exentos de realizar ejercicios que hayan superado en convocatorias anteriores y análogas. Posteriormente, habrá una fase de concurso, en la que se valorará la experiencia, y en la que se puntuarán los servicios prestados con un 60%, el tiempo consolidado en la Administración un 20% y los cursos de formación recibidos de más de 15 horas con otro 20%. En el caso de la promoción la promoción al A1, el único requisito extraordinario a los anteriores será la realización de un curso selectivo que impartirá la propia Administración y que contará con una parte eliminatoria.