Andorra sigue la estela de Canadá y prohíbe la compra de casas a extranjeros para frenar la escalada del precio del alquiler

El encarecimiento de la vivienda no es un problema exclusivo de España, aunque la forma de hacerle frente varía en función del país. Hace dos años, Andorra acaparó titulares por el exilio de miles de influencers que se mudaron al país vecino para eludir el pago de impuestos. El incremento de inversión extranjera en inmuebles andorranos se ha disparado en los últimos años, lo que ha dejado a los residentes con menos opciones de acceder a una vivienda de alquiler asequible. Para frenar la escalada de precios, el Consejo General del Principado ha aprobado una moratoria por la que se suspenden transitoriamente "las autorizaciones de inversión extranjera en inmuebles". Es decir, el Gobierno andorrano, presidido por Xavier Espot, ha prohibido temporalmente la compra por parte de extranjeros no residentes por un periodo indeterminado, aunque las previsiones apuntan a un periodo de tres meses hasta la aprobación de la nueva ley que regule la actividad.

La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda del Gobierno de Andorra, Conxita Marsol, ha enmarcado la moratoria como "una medida puntual que contribuirá a afrontar la problemática que tiene el país de carencia de viviendas de alquiler a precio asequible, y como el paso previo necesario durante este otoño para el establecimiento de un tributo sobre la inversión extranjera en inmuebles", apunta el Ejecutivo andorrano en un comunicado.

Se calcula que el encarecimiento acumulado de los inmuebles en Andorra durante el último año roza el 20%, a la par que la inversión inmobiliaria por parte de extranjeros ha supuesto unos 1.000 millones de euros en los últimos seis años. El Ejecutivo andorrano se ha propuesto frenar esta especulación creando un impuesto que grave las operaciones inmobiliarias de extranjeros, pero mientras se desarrolla y aprueba este mecanismo, la moratoria contendrá los precios de forma temporal.

El impuesto que se contempla a la compra de viviendas por parte de extranjeros podría alcanzar el 10%. En paralelo, el Ejecutivo andorrano desarrollará otro tributo para penalizar a aquellos inversores extranjeros que desinviertan en Andorra, es decir, que vendan sus viviendas "antes de un período determinado", recoge el Gobierno. Este período podría rondar los 10 años, pero sus condiciones deberán ser negociadas al igual que ocurre con el tributo destinado a la compra. Con el dinero recaudado por ambos gravámenes, el Gobierno de Andorra prevé construir vivienda pública asequible que revierta la situación, así como crear infraestructuras y programas de diversificación económica. El problema del alquiler, con escasa oferta a precios muy elevados, también se ha visto agravado por la congelación de precios impuesta por el Gobierno andorrano durante la pandemia y que aún sigue vigente.

Canadá lo hizo antes

Andorra sigue así la estela de Canadá, donde el Gobierno prohibió la compra a todos los extranjeros que no vayan a residir en el país. El presidente canadiense, Justin Trudeau, explicó a inicio de 2023 que en los últimos meses se habían producido numerosas operaciones de especulación a manos de corporaciones e inversores extranjeros que habían generado un problema de falta de vivienda y de precios disparados. “El atractivo de las casas canadienses está atrayendo a especuladores, corporaciones ricas e inversores extranjeros”, según recogía el año pasado la web de la campaña del partido del primer ministro canadiense. “Esto está generando un problema real de viviendas infrautilizadas y desocupadas, especulación desenfrenada y precios que se disparan. Las casas son para las personas, no para los inversores”, explicaba Trudeau.

La noticia ha generado gran revuelo, pero la gran pregunta es: ¿esta medida será efectiva para aumentar la oferta y bajar los precios? Las opiniones son diversas. El economista Juan Ramón Rallo se muestra contrario a la medida en su cuenta de Twitter. En respuesta a la que fue candidata por Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, Rallo publica: "Pero entonces, ¿deberíamos cerrar nuestras fronteras a cal y canto? ¿O dónde se supone que deben residir los nuevos inmigrantes? ¿En casas alquiladas a caseros sólo españoles? ¿Y eso no encarecería igualmente los precios del alquiler?". Por su parte, Eduardo Garzón, también economista y hermano del ministro de Consumo, Alberto Garzón, se posicionó a favor con el siguiente tuit: "Anda, mira; justo lo que nos decían que no se podía hacer: Andorra prohíbe comprar casas a extranjeros para frenar la especulación".

En cuanto a la posibilidad de implantar una medida similar en España, como sugirió Podemos, hay que tener en cuenta una diferencia de base: Andorra no pertenece a la Unión Europea. En 2022, los extranjeros ya compraron casi dos de cada 10 casas en nuestro país (18,7%), según los datos de Euroval, por encima de los años previos a la pandemia. Muchas de estas ventas no se podrían vetar pues sus ciudadanos pertenecen a países integrados en la Unión Europea. Sin embargo, los principales compradores extranjeros, los británicos, ya están fuera del espacio europeo.