Procesados Rato y la ex cúpula de Bankia por falsear sus cuentas en la salida a Bolsa

La Audiencia Nacional sostiene que una treintena de ex directivos cometió falsedad y fraude de inversores, aunque exculpa al Banco de España y a la CNMV.

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato, en una imagen del año pasado

La Audiencia Nacional sostiene que una treintena de ex directivos cometió falsedad y fraude de inversores, aunque exculpa al Banco de España y a la CNMV.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha procesado al ex presidente de Bankia Rodrigo Rato y otros 31 antiguos directivos de la entidad por delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores porque, según el magistrado, «maquillaron» las cuentas de 2010 y 2011 y «disfrazaron» bajo una «apariencia de solvencia» el folleto informativo de salida a Bolsa. La medida alcanza también a la propia entidad y a BFA, la matriz de Bankia, como personas jurídicas, y al auditor de Deloitte Francisco Celma, que avaló con dos informes los estados financieros de la entidad. Sin embargo, Andreu archiva el procedimiento, al no advertir indicios delictivos, contra Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex gobernador del Banco de España; Julio Segura, ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y otros seis antiguos directivos de ambos organismos, así como respecto a Deloitte, en calidad de persona jurídica, y dos ex consejeros de Bankia que no intervinieron en los consejos de administración que dieron el visto bueno a las cuentas bajo sospecha.

Entre los procesados figuran el ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú y los consejeros José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y el ex ministro Ángel Acebes. El resto lo completa esta lista: Rodrigo Rato, Francisco Pons, Miguel Angel Soria, Ildefonso Sánchez, Sergio Durá, Arturo Fernández, Javier López Madrid, Antonio Tirado, Antonio Ibáñez, Araceli Mora, Francisco Juan Ros, José Antonio Moral, José Manuel Serra, Pedro Bedía, Rafael Ferrando, Jorge Gómez, Agustín González, Remigio Pellicer, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, José Manuel Suárez del Toro, Angel Daniel Villanueva, José Rafael García, Francisco Baquero, Jesús Pedroche, José María de la Riva, Estanislao Rodríguez y Francisco Celma.

Cinco años después de que UPyD denunciara los hechos en la Audiencia Nacional, el juez Andreu cerró ayer la investigación con la convicción de que los entonces miembros de los consejos de administración de BFA y Bankia «aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban que no reflejaba la imagen fiel de las mismas, de manera que no mostraban la verdadera situación económica, con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada como para el Estado».

El instructor del «caso Bankia» subraya que los entonces consejeros debieron adoptar «cuantas cautelas y medidas de prevención» fuesen necesarias para asegurarse de que los estados financieros que aprobaron reflejaban «la imagen fiel de la entidad». El delito de falsedad de cuentas anuales está castigado con una pena de uno a tres años de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción y las otras 44 acusaciones personadas en la causa disponen ahora de un mes para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento. Una de ellas, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), tiene intención de recurrir el archivo de las actuaciones respecto a Fernández Ordóñez, Segura y el resto de ex directivos del Banco de España y la CNMV, y sopesa hacerlo también en relación a Deloitte, según confirmó ayer su abogado, Andrés Herzog (que fue el encargado de presentar la querella, entonces en representación de UPyD).

El magistrado hace hincapié en que con la alteración de los datos financieros de Bankia en el folleto informativo de su salida a Bolsa (en julio de 2011) «se llegó a producir un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos». El delito de fraude de inversores lleva aparejada una pena de uno a cuatro años de prisión.

Andreu asegura que «no existe el más mínimo indicio» de que los responsables del Banco de España y la CNMV «tuvieran intervención alguna en la formulación y aprobación de las cuentas que se incorporaron al folleto informativo». En esta causa, deja claro, «no se investiga» si la salida a Bolsa de Bankia «fue acertada».