El artículo que todo propietario debería conocer si su vecino tiene la casa en ruinas

España ha sido y todavía es un país de propietarios, puesto que tres de cada cuatro hogares tienen una vivienda en propiedad. Además, muchos de los españoles que deciden dar el salto a la compra de una casa optan por vivir en una comunidad de propietarios atraídos por una mayor seguridad y servicios. No obstante, aunque muchas personas apuestan por esta alternativa, antes que por una vivienda unifamiliar, la convivencia en estos edificios no siempre es sencilla y los problemas entre vecinos afloran con más frecuencia de la deseada. Impagos en las cuotas, ruidos molestos o un uso inapropiado de las zonas comunes son tan solo algunos de los muchos conflictos que pueden surgir en estos edificios.

Afortunadamente, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) regula con detalle los derechos y obligaciones de los propietarios y establece mecanismos para resolver conflictos. La normativa vigente obliga a las personas a conservar sus viviendas en condiciones óptimas para evitar perjuicios a la comunidad.

En este contexto, el artículo 9.1 establece que son obligaciones de cada propietario el "mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder". Además, esta obligación persiste independientemente de si la vivienda está habitada o no.

Esta disposición legal no deja margen para que un propietario eluda sus responsabilidades de mantenimiento, incluso si alega diferentes motivos como dificultades económicas o disputas sobre el origen real de los daños. Por tanto, en la práctica, esta normativa establece tres obligaciones fundamentales para todos los propietarios de viviendas o locales en régimen de propiedad horizontal. La primera y más importante es la obligación de conservación y mantenimiento del inmueble. Esto significa que deben realizarse todas las reparaciones necesarias para prevenir problemas como filtraciones, humedades, grietas o plagas, que puedan afectar tanto a otros vecinos como a los elementos comunes del edificio.

En el caso de que el propietario no mantenga su vivienda en buen estado, el presidente de la comunidad tiene derecho a presentar una demanda judicial contra este. En situaciones de especial gravedad, cuando exista un riesgo inminente para la seguridad del edificio o de sus ocupantes, la ley permite solicitar medidas cautelares urgentes. Estas pueden incluir la autorización judicial para acceder a la vivienda y realizar las reparaciones necesarias, con la posibilidad de cargar posteriormente los costes al propietario negligente.

Además, la ley solo contempla excepciones en casos de fuerza mayor o situaciones completamente imprevisibles, como desastres naturales o actos vandálicos cometidos por terceros, siempre que el propietario pueda demostrar que había adoptado medidas razonables de prevención.