La Audiencia Nacional anula la multa millonaria de Competencia a Cobra y Sacyr por un cártel ferroviario

La sala de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) ha anulado algunas de las multas de 118 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aplicó a quince empresas por formar un triple cártel con el que durante catorce años se repartieron unos 200 proyectos ferroviarios valorados en 1.055 millones de euros.

Por el momento hay tres sentencias que dan respuesta a los recursos presentados por Cobra (empresa que antes pertenecía a ACS y ahora a la francesa Vinci) y Sacyr, dándoles la razón frente a la CNMC, Adif y Alstom, esta última la que reveló la existencia del cártel y por lo que se libró de su multa correspondiente. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por Siemens, que fue multada con 16,8 millones de euros, al entender que la CNMC no ha infringido ningún principio de graduación y proporcionalidad respecto a la cuantificación de la sanción y que no hay falta de motivación.

Por contra, ha estimado parcialmente el recurso de Cobra, que afrontó dos sanciones de 21,2 y 6 millones de euros, al considerar "la falta de prueba de la comisión de la infracción en el período comprendido" entre mayo de 2009 y octubre de 2013", determinando como prescritos los hechos anteriores a esta última fecha. "De este modo, procede estimar parcialmente el recurso y anular la resolución recurrida en cuanto ha sancionado a Cobra por la comisión de la infracción durante un período en realidad prescrito, sin perjuicio de que subsista la antijuridicidad de su conducta por el resto del tiempo de duración de la infracción, con las consecuencias que de ello se deriven", señala la sentencia.

En cuanto a Sacyr, que solo se enfrentaba a una multa de 762.363 euros a través de su filial Neopul, ha estimado íntegramente el recurso, al defender que la CNMC "no ha aportado prueba de cargo suficiente que permita concluir que conocía la existencia del plan anticompetitivo". Tal y como argumenta la sentencia, "las pruebas de indicios serán pruebas de cargo validas si los indicios no se basan en meras sospechas, rumores o conjeturas, sino en hechos plenamente acreditados y que entre los hechos base y aquel que se trata de acreditar exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano".

Entre el resto de las empresas sancionadas destacan Semi (con 16,4 millones de euros), Elecnor (20,35 millones) e Inabensa (11,56 millones). También fueron multadas Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Telice, EyM y Citracc, en estos casos con multas que oscilan entre 4,22 millones y 385.067 euros.

'Modus Operandi'

Según el regulador, las compañías implicadas pactaban consorcios para lograr contratos de electrificación del AVE y repartir después parte de las obras con el resto de las firmas, "que presentaban ofertas al proyecto para simular concurrencia competitiva en la licitación".

En el caso de las líneas convencionales, el acuerdo entre las empresas pasaba por repartirse las licitaciones mediante un sorteo con el que establecían el orden de adjudicación de los contratos, al que las empresas denominaban "ranking". Además, compensaban a las que no resultaban adjudicatarias con un 6% del importe del contrato.

El mayor de estos tres cárteles es el que trece de estas firmas mantuvieron durante ocho años, que además coinciden con los de la pasada crisis (2008 y 2016), con el que "adoptaron acuerdos" para "repartirse" 24 proyectos de electrificación del AVE por 837 millones.

Otro de los cárteles se extendió durante catorce años (2002-2016) en los que diez empresas acordaron sobre 173 contratos de electrificación de tren convencional que suman 134 millones, y el tercero, formado por Alstom y Siemens y luego ampliado a Elecnor, afectó a siete contratos de instalación de equipos electromecánicos del AVE que suman 84 millones.