La Audiencia Nacional suspende el juicio por la estafa piramidal de 50 millones con 50.000 afectados en busca de acuerdos con Fiscalía

La Audiencia Nacional ha acordado suspender este martes el juicio a 22 integrantes de una empresa que presuntamente habría estafado 50 millones de dólares a cerca de 50.000 personas en todo el mundo por medio de una estafa piramidal para dar más tiempo a la Fiscalía y a los acusados a alcanzar acuerdos de conformidad.

La presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, ha anunciado la "suspensión ante la eventualidad" de que el Ministerio Público y los acusados cierren pactos en la reunión que mantendrán el próximo 14 de julio. "Parece que se vislumbra la recta final, que sería intentar a esa hora tempranera de las 16 de la tarde ver si se puede reconducir el asunto", ha explicado.

En cualquier caso, la jueza ha anunciado que el tribunal tan solo dispondría de "un día o dos" de sesiones en caso de que se alcanzasen los acuerdos. "Lo que es desplegar un juicio oral con sus sesiones sería a partir de 2024, porque el calendario de la Sección Cuarta tiene juicios anteriores", ha indicado.

Palacios, que ha dejado claro que el tribunal no tiene la "posibilidad" de celebrar una sesión oral, ha hecho una aclaración para las acusaciones y las defensas. "No quiero que lo interpreten como que no nos dan juicio hasta el 24, que no va a ser ágil y que les conviene el acuerdo", ha aseverado.

En este sentido, la magistrada ha criticado que el juicio esté "sufriendo un retraso" que no comparten, que no les "agrada nada" al ir "en contra de un sentido del deber": el de "hacer justicia".

Por último, Palacios se ha referido a la petición de las acusaciones, que han solicitado que arrancase la sesión oral con las cuestiones previas a fin de poder recuperar el dinero supuestamente estafado a la mayor brevedad posible.

"Aquellas acusaciones que creen que debe empezar hoy, la impresión que ha dado al tribunal es que parece que creen que con desarrollo se van a acelerar los trámites para rescatar el dinero en Letonia. Una cosa no lleva a la otra", ha aclarado.

La petición de fiscalía

En el escrito de acusación, recogido por Ep, la Fiscalía solicita para José Manuel Ramírez una pena de 11 años y 6 meses de cárcel como supuesto máximo responsable de la organización junto a su mujer, María Pilar Otero. Para el resto de acusados, el Ministerio Público pide 7 años y 6 meses de prisión.

El Ministerio Fiscal acusa a los integrantes de la organización de delitos de integración en grupo criminal. A Ramírez Marco, además, le imputa un delito de estafa -junto a su mujer-- y otro delito de blanqueo de capitales.

La Fiscalía asegura que los 22 acusados formaban "parte de un grupo criminal organizado especializado en la comisión de masivas estafas piramidales entre otros actos criminales, estando las funciones de cada uno de los acusados dentro del grupo perfectamente definidas, procediendo todos ellos a la captación de ciudadanos de todo el mundo que habrían adquirido packs o franquicias de la empresa UNETENET".

En este sentido, el escrito indica que "la única manera de recuperar su inversión era recurrir al dinero procedente del alta de nuevos socios a los que se les promete ganar dinero por simple publicidad".

De ese modo, continúa el Ministerio Fiscal, procedieron a la creación de una empresa registrada en San Vicente de Granadinas como "matriz de diversas filiales" de las que Ramírez y su Mujer "eran socios y máximos responsables".

El "modus operandi"

"Para formar parte de la red UNETENET, desde agosto de 2012, sus dirigentes se ponían en contacto con los responsables intermedios, por medio de actos, vídeos, charlas formativas, reuniones etc., con la finalidad de dar a conocer UNETENET y conseguir el máximo número de socios/víctimas", asevera la Fiscalía.

En esos actos "se intentaba convencer a los nuevos socios de que, previa compra de una serie de packs, podían obtener grandes beneficios publicitando los servicios de UNETENET, a través del denominado back office particular de cada uno, por el que podían tener acceso a la zona privada de UNETENET y comprobar el estado de los anuncios puestos y las ganancias obtenidas".

"Las ganancias a obtener irían en proporción directa al pack previamente contratado por el que el socio/victima debía desembolsar un importe previo mensual, que, en caso de no ser abonado, suponía ser dado de baja inmediatamente de forma que no se vuelve a recuperar la inversión inicial realizada y no se pueden cobrar los beneficios de lo que si se haya pagado", añade el escrito de acusación.

Así las cosas, las víctimas entraban a formar parte de la empresa "teniendo la única obligación de introducir una serie de anuncios en la red de la marca UNETENET", sin que se comercializase realmente producto, servicio informático, o elemento objetivo tangible alguno al no existir clientes finales.

Y es que, añade la Fiscalía, "para utilizar los supuestos productos que comercializaban era necesario la previa compra de los packs, siendo la base para conseguir los ingresos prometidos la captación de nuevos socios, pues en realidad era el único sistema de recuperar el dinero invertido, ya que el dinero para pagar los beneficios se obtenía de las cuotas aportadas por los nuevos socios" que se iban incorporando a la pirámide.

Eran precisamente los nuevos socios, continúa el Ministerio Público, los que posibilitaban que la pirámide se sostuviese, puesto que si no había nuevos socios no había dinero con el que pagar los beneficios, siendo los primeros de la pirámide los que recibían los beneficios y no así los restantes.