Los auditores europeos critican que la UE tarda "demasiado tiempo" en recuperar gastos irregulares

El Tribunal de Cuentas Europeo ha lanzado una advertencia acerca de la Unión Europea (UE) y es que, según denuncian, tarda "demasiado tiempo" en recuperar los fondos comunitarios gastados irregularmente, además de presentar unas tasas de recuperación "por lo general bajas". Se trata de la principal conclusión que se recoge en un informe elaborado por los auditores europeos, el cual tiene por objetivo evaluar si los sistemas de la Comisión para gestionar y supervisar los gastos irregulares efectuados por los beneficiarios de los fondos de la UE son eficaces.

Lo cierto es que la recuperación de fondos consiste en solicitar la devolución total o parcial de los importes que se han pagado, ya sea a un beneficiario o a un organismo de ejecución, tras comprobar "que no se cumplieron los requisitos" obligatorios para poder obtener financiación comunitaria. Así, el dinero que se ha gastado irregularmente puede ser recuperado, total o parcialmente, por la Comisión Europea, por el Estado miembro o por el organismo responsable de los fondos en primera instancia.

Desde la auditoría señalan que, tras ser desembolsadas, recuperar las ayudas, en caso de que se haga, supone "un proceso largo": concretamente, entre 14 y 23 meses suele transcurrir desde que finalizan las actividades financiadas hasta que se emite la solicitud de devolución. A esto hay que añadir entre tres y cinco meses más hasta que se ejecuta la recuperación efectiva de los fondos. Si bien, más allá de estos retrasos, los auditores especifican que entre el 1% y el 8% de los gastos simplemente nunca se llegan a recuperar.

Ante esta situación, el miembro del Tribunal responsable de la auditoría, Jorg Kristijan Petrovic, afirmó que "no hay que escatimar esfuerzos para recuperar cuanto antes el dinero de la UE indebidamente gastado". Además, quiso advertir de que la UE "irá perdiendo la confianza de sus ciudadanos" si no recupera todo el dinero.

En total, en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2022, Bruselas notificó 14.000 millones de euros en gastos irregulares. En 2022, los gastos que incumplieron las normas supusieron el 4,2% del presupuesto anual del bloque. Y es que, en base a los datos emitidos por el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo correspondiente con el ejercicio 2022, la tasa de gastos indebidos se elevó, pasando del 3% al 4,2% entre 2021 y 2022. De esta manera, el hecho de poder contar con una eficaz recuperación de los fondos pasó a ser un factor que cobra un papel cada vez más acuciante. El problema es que, teniendo en cuenta que únicamente el 20% del presupuesto está gestionado directamente por la Comisión Europea, tanto la supresión de los errores como la propia recuperación de estos fondos se convierte en una tarea difícil.

En este sentido, los principales problemas que constataron los auditores en cuanto a la recuperación de fondos en régimen de gestión indirecta tienen que ver con el largo tiempo transcurrido entre la identificación de una irregularidad financiera y la emisión de la orden de ingreso. Al mismo tiempo, se dieron cuenta de que, en el ámbito de acciones exteriores, la información relativa al impacto de los gastos irregulares, de gestión directa o indirecta, que representan el 30% del presupuesto, es "incompleta".

Asimismo, los fondos de cohesión, los fondos agrícolas y pesqueros, así como las ayudas para los países candidatos a la adhesión son los principales afectados por estas irregularidades. Además, cabe decir que la evaluación no incluye posibles irregularidades en los fondos de recuperación, cuya supervisión es objeto de otros exámenes de los auditores.

Hay que decir que el presupuesto de la UE no es desembolsado en su totalidad por la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario es la institución encargada de identificar y registrar los gastos irregulares y, aunque es la última responsable, delega estas competencias en los Estados miembros cuando se trata de fondos de gestión compartida entre ella y los gobiernos nacionales, que representan en torno al 70% del presupuesto comunitario. El otro 20% es gestionado directamente, mientras que el 10% restante es gestionado indirectamente a través de otras organizaciones internacionales o países terceros.

Por otra parte, dentro de este régimen de gestión compartida con los países, lo que indican los auditores es que las tasas de recuperación en los beneficiarios del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) son "generalmente inferiores" respecto a las de los fondos que gestiona directamente Bruselas. De hecho, estas no han experimentado mejoras desde el año 2006. A su vez, también resaltan la existencia de "diferencias significativas" entre Estados miembros.

También denuncian que las normas de la PAC para el periodo comprendiendo entre los años 2023 y 2027 excluyeron el incentivo que desde 2006 hacía que los gobiernos cobraran las deudas con mayor rapidez. Esto hecho podría ocasionar que el seguimiento de la Comisión no fuera "suficiente por sí solo". En cuanto a los fondos de cohesión, en el informe elaborado se destaca que la Comisión "no realiza un seguimiento para determinar en qué medida los Estados miembros recuperan de los beneficiarios los gastos irregulares retirados".

De cara al futuro, lo que los auditores recomiendan a Bruselas es la facilitación de datos anuales "exactos y exhaustivos" acerca de los gastos que se hayan considerado irregulares. También sobre lasmedidas adoptadas para corregirlos, con el fin de que este proceso se pueda perfeccionar posteriormente.

Otras de sus propuestas responden a una mejora de la planificación del trabajo de auditoría, un examen del impacto financiero de los gastos irregulares sistemáticos y la introducción de nuevo de los incentivos a la recuperación de ayudas, tal y como estaban en el anterior ciclo de financiación.