Los autónomos estallan contra la Seguridad Social: exigen la ampliación del plazo para la revisión de las ayudas por cese de actividad en pandemia

Los autónomos han estallado contra la falta de soluciones y la persecución que sufren 150.000 autónomos a los que se exige la devolución de las ayudas que les concedieron durante la pandemia. Las organizaciones de autónomos ATA y UPTA han exigido al Ministerio de Seguridad Social a través de una petición formal la ampliación del plazo para presentar la documentación requerida por las mutuas en el procedimiento de revisión de las prestaciones extraordinarias de cese de actividad y trabajo por cuenta propia concedidas en la pandemia.

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones han denunciado que en los últimos meses "muchos de los autónomos" a los que les fue concedida de forma provisional alguna de las prestaciones de cese de actividad durante la pandemia están recibiendo requerimientos por parte de las entidades gestoras de sus prestaciones reclamándoles los importes de las prestaciones concedidas de forma provisional, dándoles un plazo máximo de 10 días para aportar toda la documentación necesaria para acreditar que han cumplido con los requisitos que la normativa indicaba para cada una de las prestaciones. "Este plazo es absolutamente insuficiente. La mayor parte de los autónomos que han recibido este requerimiento cuentan con poca capacidad de gestión, personal insuficiente y poco o ningún acceso a los servicios de asesoramiento que les permitan atender lo requerido en el plazo de 10 o 15 días".

Por ello, reclaman ampliar el plazo para atender a dichos requerimientos al menos 30 días para la aportación de la documentación justificativa del derecho a las prestaciones e incluir para los autónomos la posibilidad de solicitar un aplazamiento o fraccionamiento del pago de hasta 24 meses de las prestaciones y cuotas indebidamente bonificadas mediante las correspondientes resoluciones definitivas.

En el comunicado, rubricado por Lorenzo Amor, presidente de ATA, y Eduardo Abad, de UPTA, hacen un "llamamiento urgente" al Ministerio para que resuelva una situación "inadmisible" de los afectados y abogan por la subsanación o devolución de ayudas del covid y evitar que "sufran esta persecución. No se está teniendo en cuenta la situación de máxima vulnerabilidad y emergencia que padecimos". Por ello, reclaman que "deben cambiarse urgentemente las condiciones, poder aplazar el pago correspondiente y ampliar los plazos para que puedan presentar a tiempo toda la documentación y alegaciones pertinentes".

En un informe del Tribunal de Cuentas sobre esta prestación, denominada Pecata, se concluyó que pese a que la implantación de esta medida fue "eficaz" para el mantenimiento en el empleo de los trabajadores autónomos, su gestión fue "ineficiente" al verificarse "numerosas incidencias e incumplimientos". Según el documento, la regulación de la prestación, "insuficiente en su origen y con hasta siete modificaciones entre 2020 y 2023", provocó "inseguridad jurídica, desigualdad de trato entre los beneficiarios", y favoreció que surgieran "disfunciones e ineficiencias en la gestión". Y cargó especialmente con la gestión realizada por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Casi 1,5 millones de trabajadores autónomos, el 44% de los afiliados, se beneficiaron de esta prestación extraordinaria en junio de 2020. La prestación media abonada durante el periodo de vigencia se situó en 2.513 euros, mientras el promedio por beneficiario del importe exonerado en concepto de cotizaciones sociales ascendió a 1.007 euros. El gasto neto reconocido se elevó por encima de los 3.700 millones de euros, más otros 1.495 millones de las exoneraciones practicadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en las cotizaciones sociales de estos beneficiarios. El 94 % de las solicitudes de prestaciones tramitadas por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social fueron resueltas favorablemente en 2020 de manera provisional, posponiendo la verificación del cumplimiento de todos los requisitos necesarios a la finalización del estado de alarma. El tribunal cifró en 505 millones la cantidad percibida sin cumplir los requisitos.