Bruselas abre la puerta a una multa simbólica, pero pide más reformas

La Comisión Europea asegura que España se ha quedado "muy por debajo"de los ajustes estructurales que tenía que haber hecho para corregir el déficit este ejercicio, entre otras cosas por haber bajado los impuestos el año pasado, y sostuvo que tampoco cumplirá en 2017.

Los mensajes pronunciados ayer en Bruselas se movieron en una calculada ambivalencia. Fruto, quizás, de la necesidad de aplicar «de manera inteligente» las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tal y como proclaman en los últimos días una y otra vez los responsables comunitarios. Si bien la Comisión Europea aprobó un duro dictamen que afea al Ejecutivo español la bajada de impuestos y el aumento del gasto al calor del año electoral, las palabras de los comisarios económicos del Ejecutivo comunitario dejan la puerta abierta a que la tan temida sanción para España quede reducida a cero euros o incluso cancelada, y valoran de manera efusiva los esfuerzos realizados los últimos años tanto en el caso de España como en el de Portugal. «Aplicaremos las reglas de manera inteligente, lo que significa que no hay ninguna voluntad de castigar», afirmó el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, quien pidió no especular sobre la cuantía de la multa.

Sin embargo, España podría enfrentarse a una multa del 0,2% de su PIB (unos 2.000 millones) y a la congelación de la mitad de sus fondos estructurales desde enero de 2017. Pero como casi siempre en Bruselas, hay que leer la letra pequeña y todo indica que esta amenaza podrá ser conjurada si el nuevo Gobierno se compromete a enderezar el rumbo presupuestario con más medidas. La Comisión reconoce que la senda fiscal propuesta el 18 de mayo es obsoleta y se muestra dispuesta a negociar una prórroga adicional no sólo de un año, sino de dos (hasta 2018). El calendario propuesto hasta ahora exigía a nuestro país un déficit público del 3,7% para este año y del 2,5% para el siguiente, un ajuste de unos 8.000 millones en dos años.

Pero Bruselas desconfía. No cree que el crecimiento sea capaz por sí mismo de cuadrar las cuentas y se muestra recelosa ante las comunidades. «Colaboraremos con España y Portugal para alcanzar un entendimiento común de los compromisos políticos», resumió Moscovici, con ánimo conciliador.

En el dictamen aprobado ayer, la Comisión concluye que nuestro país no tomó «las medidas suficientes» para reducir el déficit público al cierre del año 2015, lo que propició un desfase de ocho décimas (5% frente a 4,2%) y utiliza como mejor argumento para abroncar a España la buena marcha de la economía y el robusto crecimiento español. Unos vientos favorables no aprovechados para realizar recortes. «El crecimiento inesperado no ha sido utilizado, especialmente en 2015, para acelerar la reducción del déficit. En lugar de eso, se relajó la política presupuestaria, a través de la reforma fiscal y un dinámica de crecimiento del gasto», asegura el texto, que también menciona dentro de este capítulo la devolución de la paga extra a los funcionarios como causa del derrape.

Dentro del alegato defendido estos días, Madrid pretende que la Comisión Europea aplique la misma vara que a París, que logró esquivar sanciones justificando una inflación más baja de lo previsto. Pero Bruselas se muestra inmisericorde ya que, si bien reconoce que la baja inflación «hizo más difícil alcanzar los objetivos fiscales», a la vez afirma que este impacto «fue compensado por un crecimiento más elevado de lo esperado del PIB real» y por la creación de empleo que ayudó a reducir el déficit.

Con esta recomendación, aprobada por procedimiento escrito por el Colegio de Comisarios, comienza un proceso cuya próxima parada es la reunión de los ministros de Economía este próximo martes. La reforma del Pacto en el año 2011, en plena vorágine de aumento vertiginoso de las primas de riesgo, persiguió que las capitales comunitarias no pudieran sortear las sanciones propuestas por la Comisión (al igual que hicieron París y Berlín en 2003). Por eso, se espera que los Veintiocho validen el dictamen efectuado por la Comisión, a pesar de que Francia e Italia están en contra de castigos. Entonces, volverá a tener la última palabra el Ejecutivo comunitario, que tiene veinte días para decidir y la potestad de rebajar la multa hasta una cantidad simbólica o incluso anularla.

El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, insistió en que no habrá multa porque es la economía de la zona euro que más crece y que más reformas ha realizado, algo sobre lo que entiende que hay un consenso general. «Sancionar a España no tendría el más mínimo sentido. Tengo la garantía del sentido común», remarcó.