Bruselas reclama a la Justicia europea que multe a España por falta de transparencia en su legislación sobre las condiciones laborales

La Comisión Europea ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sanciones económicas a España por no adaptar a su legislación nacional a la normativa comunitaria (Directiva 2019/1152) sobre transparencia en condiciones laborales.

La regulación exige, por ejemplo, que los trabajadores reciban información detallada y oportuna sobre aspectos esenciales de su empleo, como el horario de trabajo y la remuneración, unas normas que, según las medidas notificadas a la Comisión, España aún no ha establecido.

La Comisión ya abrió expediente a España en septiembre de 2022, seguido de un ultimátum para adaptar estas disposiciones a su legislación nacional en junio de 2023. En febrero de 2025, España notificó a la Comisión las medidas nacionales que transponían algunas, pero no todas, las disposiciones de la directiva.

La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes y, por lo tanto, lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para solicitar la imposición de sanciones económicas.

La Directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles (Directiva (UE) 2019/1152) ofrece amplios y actualizados derechos y protección laboral a los casi 200 millones de trabajadores de la UE. Con estas normas, los trabajadores tienen, por ejemplo, derecho a una mayor previsibilidad en cuanto a las tareas y el tiempo de trabajo. También tienen derecho a recibir información oportuna y completa sobre aspectos esenciales de su trabajo, como el tiempo de trabajo y la remuneración.

Las normas de la UE también garantizan que los trabajadores disfruten de unas condiciones laborales mínimas, como la limitación del periodo de prueba a un máximo de seis meses. En particular, estas normas benefician a entre dos y tres millones de trabajadores en condiciones de empleo precarias.