Bruselas tumba el impuesto regional a los grandes comercios

La Comisión Europea ha enviado una carta a la Representación Permanente de España en Bruselas rogando «encarecidamente» la supresión o modificación de los impuestos aplicados por algunas comunidades autónomas a las grandes superficies comerciales, por entender que la no aplicación de éstos a los puntos de venta minoristas puede constituir una ayuda estatal ilegal. Los pequeños comercios podrían, llegado el caso, tener que abonar la misma cantidad cobrada a los grandes establecimientos. Seis regiones españolas (Cataluña, Navarra, Asturias, Aragón, La Rioja y Canarias) gravan con diferentes tipos impositivos que oscilan entre los 2,4 euros por metros cuadrado hasta los 17,49 euros al establecimiento de grandes centros de distribución con superficies superiores a los 2.000 o 2.500 metros cuadrados en la mayoría de los casos. Otras autonomías como Murcia, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana estudiaron su implantación, aunque finalmente los proyectos se quedaron en tentativas. La reducción de ingresos como consecuencia de la crisis despertó el apetito recaudador de las regiones.

Las implantación de estos recargos por parte de los gobiernos autonómicos se remonta al año 2000 en el caso de Cataluña y al año 2013 en los casos de Canarias y La Rioja. En la práctica totalidad de los casos, estos gravámenes fueron disfrazados de impuestos mediaombientales para tratar de encubrir la discriminación de trato fiscal de los establecimientos comerciales en función de su superficie. Como muestra basta hacer referencia a la Ley 4/2012 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales del Gobierno de Canarias, que hacen referencia al Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre el Impacto Medioambiental Causado por los Grandes Establecimientos Comerciales.

Antes del primer pronunciamiento de la Comisión Europea, el Gobierno de José María Aznar presentó un recurso ante el Constitucional que acabó en una sentencia del alto tribunal legitimando la aplicación del tributo en las comunidades autónomas que lo exigieron.

Denuncia de Anged

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) presentó tras el fallo una denuncia ante el Gobierno comunitario aduciendo que la discriminación impositiva podría constituir una ayuda estatal ilegal a los pequeños comercios. En la carta enviada al Gobierno español por el director general adjunto de Ayudas Estatales, el holandés Gert-Jan Koopman, asegura que tras un análisis preliminar, «nos planteamos considerar la exención concedida a los pequeños comercios minoristas y a determinados establecimientos especializados (centros de jardinería, muebles, bricolaje o concesionarios de automóviles) como ayuda estatal incompatible».

La Comisión Europea no cuestiona la existencia de exenciones fiscales en los estados miembro siempre y cuando se argumente su necesidad. Para Bruselas, la justificación ofrecida (compensar el impacto negativo causado sobre el medio ambiente) no está respaldada por ningún estudio o pruebas convincentes. El texto añade un ejemplo que justifica la fragilidad del argumento: un gran centro comercial que aglutine a pequeños establecimientos tendría el mismo impacto ambiental que un gran almacén de las mismas dimensiones, aunque su tratamiento fiscal es diferente.

Ayudas de Estado

La Dirección General de Competencia advierte a España de que si tras un examen preliminar la Comisión Europea considera que la medida constituye ayuda estatal y tiene dudas acerca de si constituye ayuda estatal y es compatible con el mercado interior, deberá «incoar un procedimiento de investigación». En su párrafo final, Koopman sugiere una adaptación rápida y voluntaria de la fiscalidad para «evitar la necesidad de un procedimiento de investigación formal». En el caso de que éste confirmase que las medidas constituyen una ayuda estatal incompatible con las reglas de mercado, «la Comisión debe adoptar una decisión negativa y condenar al Estado miembro a recuperar de los beneficiarios la ayuda ilegal concedida en el pasado». En este caso, la recuperación significaría que varios miles de pequeños y medianos comercios podrían verse obligados a pagar el impuesto del que están exentos desde la entrada en vigor del mismo.

Aunque no hay cifras oficiales de la recaudación de las diferentes autonomías, entre las seis regiones que cobran el impuesto podrían recaudar anualmente alrededor de 100 millones, con Cataluña a la cabeza.

Así está la situación en las regiones

Cataluña, la comunidad más restrictiva

Cataluña es, sin lugar a dudas, la comunidad que más trabas pone a las grandes superficies. Junto al impuesto a las grandes superficies, con el que recaudó 37 millones en 2013, esta comunidad también ha puesto multitud de objeciones a la libertad de horarios en aras, argumenta, de proteger a los pequeños comerciantes. La realidad, sin embargo, es que estos comercios no se están beneficiando de este proteccionismo.

Canarias y La Rioja, las últimas

Canarias y La Rioja fueron las dos últimas comunidades en implantar la tasa, que aplican desde 2013. Las islas han presupuestado unos ingresos anuales de unos 10 millones de euros, mientras que La Rioja prevé ingresar 2,1 millones. Canarias es la quinta región española con mayor superficie de centros comerciales por persona, con 359 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA) por cada 1.000 habitantes.

Aragón: 21,1 millones en el limbo

A pesar de que el impuesto para gravar a las grandes superficies comerciales lleva en vigor desde el año 2006, en Aragón, las compañías se han negado a abonar la tasa. Su argumento es que el impuesto se encuentra recurrido y en vía judicial, por lo que no pagarán ni un céntimo hasta que no haya alguna sentencia en firme que les obligue. En total, la comunidad autónoma calcula que los grandes comercios le adeudan 21,1 millones de euros por este concepto.