El campo español se une a Europa con marchas masivas: ¿por qué protestan?

Los tractores volverán a tomar las calles españolas para combatir las políticas que están amenazando de muerte al sector agrícola nacional. Cuatro años después de las históricas movilizaciones agrarias que sólo pudieron ser frenadas por el inicio de la pandemia, los agricultores españoles marcharán de forma masiva en las próximas semanas como ya lo están haciendo sus homólogos franceses, alemanes, belgas, italianos, rumanos y polacos. Este martes, las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias, Asaja, COAG y UPA, acordaron retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un «ambicioso» plan de choque contra la crisis del sector que recoja medidas tanto a nivel europeo, nacional y autonómico, entre las que destacan la garantía de precios justos, una reducción de la burocracia y las mismas exigencias para las importaciones de países competidores.

Buena parte de las peticiones actuales forman parte de las promesas adoptadas por el Gobierno con el sector en la anterior legislatura, pero que acabaron cayendo en el olvido. Ahora los agricultores españoles volverán a alzar la voz, en línea con los productores de otros países de la UE, «ante la frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE».

Aunque durante esta semana se concretarán los detalles y fechas de las protestas oficiales, este martes ya se han producido las primeras manifestaciones esporádicas en Extremadura y en Zamora, tras haberse movilizado a través de grupos de WhatsApp y redes sociales. En estos canales, se baraja el 6 de febrero para una protesta nacional. En Cataluña, el sindicato Unió de Pagesos ha convocado para el 13 de febrero marchas y cortes de autopistas, así como otras acciones en el Puerto de Tarragona, y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ya convocó una tractorada frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el 21 de febrero.

Lo que ya está claro es que los representantes agrícolas y ganaderos solicitarán al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, «soluciones inmediatas» para abordar los problemas derivados de la sequía, la guerra de Ucrania, la Política Agraria Común (PAC) y temas laborales.

La competencia desleal es unas de las críticas centrales y comunes de todo el sector en Europa. Asaja, COAG y UPA resaltan que «los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España». «Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia», subrayan.

En su opinión, esta «competencia desleal» pone «en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa». Por ello, las principales organizaciones del sector reclaman la paralización de las negociaciones de acuerdos como el del Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se frenen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. Además, piden al Gobierno de España que, con la supervisión de la Comisión Europea, se aumenten los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que las importaciones cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas.

Mientras España señala a Marruecos, Francia ve como enemigos a los agricultores españoles e italianos. El vicesecretario general de UPA, Marcos Alarcón, salió al paso y tildó de «absolutamente falsas» las afirmaciones del primer ministro francés, Gabriel Attal, en las que denunció «competencia desleal» por parte de España e Italia. «Todas las medidas, todas las exigencias, todos los requerimientos que se aplican a las producciones francesas, holandesas y alemanas se aplican también a las condiciones de producción española», insistió.

En las movilizaciones y tractoradas que se extenderán por toda la geografía española, los agricultores también pedirán una simplificación y flexibilización de la PAC, pues el campo considera «inasumibles» su burocracia y sus costes ambientales. Y volviendo a la política nacional, reclamarán la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales, con el fin de que los precios de los agricultores cubran los costes de producción, así como un refuerzo de los seguros agrarios por la sequía y una política de sanidad animal coordinada.