Canal de denuncias: se cumple un año del sistema que protege a los informantes de delitos

Se acaba de cumplir un año de la aprobación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción que, entre otras cosas, crea el canal de denuncias interno en las empresas y administraciones públicas o sistema de «whistleblowing». Y desde diciembre, las empresas desde 50 trabajadores están obligadas a implantarlo. Es una herramienta fundamental para dar a conocer a la empresa aquellas conductas irregulares producidas en el seno de la organización o en su relación con otras empresas o proveedores, por ejemplo. Y también garantiza la protección del informante que actúa que buena fe para que no sufra represalias. «Permite prevenir, mitigar o erradicar la comisión de cualquier vulneración o infracción de la normativa estatal, autonómica o del Derecho de la Unión Europea», aclara Silvia Quiles, directora del área de Compliance de Ceca Magán. En España entró en vigor en marzo de 2023.

Cuando la empresa está obligada a contar con él, la responsabilidad de ponerlo en marcha recae en los administradores. «El órgano de administración u órgano de gobierno de la empresa será el responsable de la implantación del canal, habiendo consultado previamente con la representación legal de las personas trabajadoras», explica Candela Sotés, especialista de Compliance en Bird & Bird. También se debe definir una política con los principios esenciales que rigen el sistema de información y el procedimiento de gestión. Otra tarea que deben acometer los administradores es la designación de un responsable del canal de denuncias, al que deben dotar con los recursos necesarios para cumplir su función. «Debe operar de manera independiente y autónoma, sin recibir instrucciones externas que puedan influir en su desempeño para poder proteger la confidencialidad y el anonimato», señala Olivia López-Ibor, de López-Ibor DPM. su rol es crítico, porque debe determinar los elementos para su funcionamiento, evaluar su efectividad, supervisar la implantación y su difusión y actualización. También tiene la misión de garantizar las medidas de protección y ausencia de represalias, realizar investigaciones internas cuando no esté externalizado y redactar el informe de conclusiones.

La labor de difusión es de vital importancia. Las organizaciones deben dar a conocer este canal entre las personas a las que va dirigido, entre los posibles informantes con los que tengan relación laboral o profesional. El canal interno de la empresa debe aparecer en la página de inicio de la web corporativa en una sección separada y fácilmente identificable, señala Lene Oña, abogada de Lener. «También debe constar la información sobre la posibilidad de acudir al canal externo de información, de la Autoridad Independiente de Protección del Informante», apunta. Esta opción podría derribar barreras sobre los temores de una persona que ha visto un incumplimiento pero no se atreve a dar el paso.

Adicionalmente, deben crear un libro o registro donde consten todas las denuncias que se realicen a través de este medio y comunicarlo también a la Autoridad Independiente de Protección del Informante o al organismo autonómico correspondiente.

La empresa tiene la posibilidad de gestionarlo con sus recursos internos o bien contratar un proveedor externo. «La elección dependerá de la capacidad de la empresa para garantizar la confidencialidad y la eficacia del proceso», aclara López-Ibor. Desde su experiencia, señala que normalmente los empleados tienden a confiar más cuando el canal se gestiona externamente. Este proveedor tendrá la consideración de encargado del tratamiento a efectos de la legislación sobre protección de datos personales, recuerda Quiles.

Los asuntos que se pueden comunicar a través del canal interno van desde incumplimientos de seguridad y salud en el trabajo, hasta blanqueo de capitales, corrupción o «mordidas», impago de impuestos o de cotizaciones o situaciones de acoso sexual o laboral en el trabajo. Por ello, se debe dar a conocer entre los empleados, socios de negocios, clientes, proveedores. También entre empleados públicos o trabajadores por cuenta ajena, los autónomos, los accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos. Y entran los contratistas, subcontratistas o proveedores. Incluso está dirigido a aquellos cuya relación laboral todavía no haya comenzado, por ejemplo, los candidatos que hayan detectado infracciones durante el proceso de selección o de negociación precontractual. A todos estos colectivos, el sistema de «whistleblowing» les protege frente a represalias como el despido, pero solo si lo ha hecho «de buena fe», destacan las expertas.

Pero donde está la ley, está la trampa. Y hay casos de empleados que han intentado protegerse de un despido a través de una denuncia falsa en este canal. Por ello es importante analizar cada caso en detalle para conocer las implicaciones jurídicas. Y es que la persona en cuestión puede no estar protegido si se trata de un despido justificado por razones legales y no relacionadas con la denuncia.

Si la empresa detecta falsedad y mala intención, podrá aplicar las sanciones disciplinarias que recoge o el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación, es decir, puede imponer sanciones laborales. Esto porque, para que haya un delito de denuncia falsa tal como lo recoge el Código Penal, la imputación «debería realizarse ante funcionario público o administrativo, no a través de un canal de denuncias interno», señala Quiles. Sin embargo, recuerda que la persona que se haya visto afectada por esta denuncia falsa puede emprender acciones penales o civiles por injurias y calumnias.

Las expertas destacan que con esta ley, surge un nuevo reto de cumplimiento legal para las empresas, pero también fija un marco robusto para crear un entorno donde la denuncia de infracciones sea accesible y segura. Y esto suele mejorar la transparencia, la integridad y la responsabilidad en la organización.