Los caseros presentan 2.000 reclamaciones contra el Gobierno por las pérdidas derivadas del tope al alquiler

Los caseros plantan cara al Gobierno por el tope del 2% a la subida de los alquileres vigente de 2022 a 2023 y que podría prorrogarse durante 2024 al 3% tras la aprobación de la Ley de Vivienda. Este viernes, 10 de marzo, la asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha presentado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) 2.000 reclamaciones de pequeños y medianos propietarios solicitando al Estado que compense los daños patrimoniales causados por el tope del 2% a las subidas del alquiler aprobado en marzo de 2022, según ha informado en un comunicado. Las reclamaciones fueron recogidas entre noviembre de 2022 y enero de 2023, pero Asval prevé un nuevo "aluvión de demandas" en caso de que se apruebe la Ley de Vivienda, que planteará nuevas limitaciones en las zonas tensionadas.

El tope actual limita las subidas del alquiler en las renovaciones de los contratos en vigor al 2%. Este límite fue aprobado por el Gobierno en marzo de 2022 como una medida temporal en el contexto de la guerra de Ucrania, aunque se ha prorrogado en varias ocasiones. La última de estas extensiones se aprobó el pasado mes de diciembre, y ampliaba su validez hasta el final de 2023. Lo que ahora plantea el ala socialista del Gobierno es aplicar un tope algo más elevado, del 3% en las zonas tensionadas, durante 2024, como medida temporal hasta que se diseñe un nuevo índice de precios, que se elaboraría una vez ya aprobada la ley, algo que no convence a Podemos. ERC, Bildu y la formación morada siguen mostrándose reticentes a la nueva propuesta del PSOE, que se aleja del tope permanente del 3% que reclamaban estos grupos políticos, cuyo apoyo es imprescindible para que la Ley de Vivienda salga adelante.

Sin compensaciones

Asval, que actúa como canalizadora de estas reclamaciones, ha estimado que el tope impuesto por el Gobierno ha afectado a más de dos millones de pequeños propietarios en España y ha lamentado que no se hayan previsto compensaciones para este colectivo, como sí ha fijado el Gobierno para sectores de mayor tamaño dominados por grandes compañías, como el de los carburantes.

En este sentido, Asval denuncia que el tope impuesto es contrario a lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pues esta permite que los alquileres se actualicen con el Índice de Precios al Consumo (IPC). La asociación considera que esta actualización es necesaria para que los pequeños propietarios protejan su nivel de vida y completen su salario o pensión, y ha matizado que estos se han mostrado "sensibles" ante la situación económica y muchos han negociado soluciones más beneficiosas con sus inquilinos.

Pérdidas de hasta 2.000 euros para los propietarios

Asval calcula que durante el tiempo que estará en vigor la medida, desde el 2022 y en 2023, cada propietario perderá 2.000 euros de media por vivienda alquilada y ha recordado que más del 75% de los arrendadores españoles posee una o dos viviendas. "Los pequeños propietarios denunciamos que el Estado carga sobre nosotros el problema de la vivienda en España, que es responsabilidad de la Administración", ha apuntado la directora general de la asociación, María Andreu.

La directiva ha puesto también de manifiesto que el tope impuesto en España es el más restrictivo de la Unión Europea y que está generando una gran inseguridad jurídica en el mercado y reduciendo la inversión en vivienda en alquiler. Esto provoca que los propietarios retiren sus inmuebles del mercado. “Los colectivos más vulnerables, aquellos a los que se dice proteger con estas medidas, son los más perjudicados, ya que una menor oferta dificultará aún más su acceso a una vivienda”, añade Andreu.

Para resolver la falta de vivienda a precios competitivos, Asval ha apuntado a la colaboración público-privada para ampliar el parque social en España y ha destacado que los grandes propietarios se han ofrecido a ceder 25.000 inmuebles al Estado durante 25 años para alquilarlos a un precio un 20% inferior al de mercado. "Es una solución ágil y eficaz para la situación de emergencia habitacional que enfrentamos, pero aún estamos a la espera de respuesta por parte de la Administración", ha afirmado Andreu.