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Cataluña y País Vasco no podrían pagar sus pensiones sin ayuda del Estado

Entre las dos arrastran un déficit de más de 5.000 millones de euros, según un informe del BBVA.

  • Cataluña y País Vasco no podrían pagar sus pensiones sin ayuda del Estado

Tiempo de lectura 4 min.

04 de marzo de 2019. 00:51h

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Roberto L. Vargas Madrid. 4/3/2019

En el marco de su estrategia política de avanzar hacia una mayor autonomía que les acerque de facto a la independencia política del resto del Estado, los gobiernos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco han reclamado la transferencia de las competencias sobre la Seguridad Social. Pero si se echa mano de los números, hacerse cargo de las pensiones no deja de ser eso, un movimiento de tinte más político que económico. Si el sistema de pensiones estuviese íntegramente transferido, con sus recursos y sus gastos, a las comunidades autónomas, doce de ellas, incluidas Cataluña y el País Vasco, estarían en situacion deficitaria, según asegura el reciente estudio «Las pensiones en las comunidades autónomas», confeccionado para el BBVA por José Antonio Herce, uno de los principales expertos en longevidad y pensiones en habla hispana.

Agujeros

Según el análisis de Herce, realizado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Trabajo, los ingresos por cotizaciones en Cataluña suman 20.061 millones de euros, mientras que los gastos ascienden a 22.909 millones, lo que arroja un déficit de 2.848 millones de euros. En el País Vasco, el agujero alcanzaría los 2.213 millones de euros, fruto de una recaudación de 6.555 millones de euros y unos pagos de 8.769 millones de euros. En ambos casos, el desequilibrio es fruto de una relación entre afiliados y pensiones que está por debajo de 2: 1,9 en el caso de Cataluña y 1,7 en el del País Vasco.

El sistema español de pensiones se basa en lo que se conoce como caja única de la Seguridad Social. El Estado recauda todas las cotizaciones a nivel nacional y las distribuye entre los pensionistas con independencia de su lugar de residencia. Esa solidaridad territorial constituye, según Herce, «una de sus principales fortalezas». «Las regiones con mejores tasas de soporte –de los flujos de afiliados y pensiones– son las que financian en parte a las regiones con las peores tasas de soporte, que son la mayoría».

Sólo cuatro autonomías, Madrid, Canarias, Murcia y Baleares, tendrían superávits con sistemas de pensiones autónomos y, por tanto, pueden ayudar al resto con el actual. La que más lo hace es Madrid. Con la ratio de cotizante-pensiones más elevada de España, 2,6, tiene un superávit de 2.074 millones de euros. El de Baleares es de 506,9 millones de euros, el de Murcia de 231 y el de Canarias, de 164. Galicia y Castilla y León se situarían en el otro lado de la balanza. La primera tendría un déficit de 3.013 millones de euros y un futuro más que comprometido, pues su ratio entre cotizantes y pensiones apenas alcanza el 1,3. En Castilla y León, esa relación es algo mejor, de 1,5, aunque su agujero alcanza los 2.877 millones.

La situación más crítica, sin embargo, es la de Asturias. Con una ratio de sólo 1,2 cotizantes por pensión, sus ocupados no aportan ni la mitad de los recursos que necesitan sus pensionistas. Mientras su recaudación por cotizaciones es de 2.084 millones, su gasto en pensiones es de 4.586 millones, según las estimaciones del BBVA. El principal causante de tamaño desajuste es el pasado industrial con altos salarios de esta región. Esta circunstacia ha dado lugar al pago de pensiones muy elevadas. De hecho, la media en esta comunidad es de 1.085 euros al mes, sólo superada por el País Vasco –1.142– y Madrid –1.087–. En el caso de las pensiones de jubilación, sólo son más altas en el País Vasco –1.314 euros– que en Asturias –1.293–.

La transferencia de la Seguridad Social no sólo complicaría a algunas autonomías cumplir con los pagos de las pensiones. Según el estudio, en el caso de Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria podría acarrearles también «severos desequilibrios que les impedirían, seguramente, cumplir sus compromisos de pensiones o los de otros programas autonómicos del estado del bienestar como la educación o la salud adecuadamente».

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