Las pymes avisan: la nueva factura electrónica no soluciona el retraso en los pagos ni la morosidad

"Es imprescindible diseñar de manera minuciosa la implantación y los sistemas de información de la factura electrónica" de cara a facilitar el control y el cumplimiento de los plazos de pago y evitar la morosidad, así como "medidas de ayuda para lograr un funcionamiento sencillo en empresas y autónomos". Esta es una de las principales reclamaciones que la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha presentado al Ministerio de Asuntos Económicos con el Observatorio de Morosidad a la directora general de Política Económica del Ministerio, Elena Aparici, que trasladó por su las líneas de desarrollo reglamentario de la factura electrónica incluido en la Ley Crea y Crece.

Los representantes empresariales manifestaron que existen "debilidades" que no solucionas por sí solas la próxima implantación de la factura electrónica, como el desigual poder de negociación de las empresas según su tamaño -con especial incidencia en las empresas más pequeñas y en los autónomos-, la morosidad del sector público con las pymes y las relativas a la protección de datos o el periodo de adaptación por el que tendrán que transitar las pymes, entre otras. Ha sido el presidente del Observatorio, Luis Collado, el encargado de trasladar estas "preocupaciones" que tienen sobre su implantación, al detectar muchas "debilidades" en la Ley, que no soluciona por sí sola la próxima implantación de la factura electrónica. Por eso, el Observatorio ha pedido que la revisión de la directiva europea de lucha contra la morosidad se agilice, así como que se defina un plazo máximo de pago por parte de las empresas y, sobre todo, de las Administraciones Públicas, además de volver a reclamar que se actualicen los contratos públicos en relación con la subida de costes. Para esta patronal es esencial que se concreten cuestiones como el modo de contabilizar la morosidad y su plazo de inicio con el fin de "homogeneizar los criterios y dar más certidumbre".

La patronal de las pymes también pone en alerta sobre que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio puede suponer un "freno" a las prioridades establecidas para la Presidencia española del Consejo Europeo, sobre la que insta a "acelerar la tramitación" de esta norma e intentar que se culmine antes de las elecciones al Parlamento Europeo. "Es necesario zanjar la morosidad de las Administraciones Públicas y evitar que ayudas a sectores más necesitados, como las facilidades para la industria gas intensiva, se traduzcan de forma directa o indirecta en aumentos de la morosidad".