Choque en el Gobierno: Montero quiere prorrogar el plan anticrisis mientras Calviño quiere su finalización

Las dudas y las prisas empiezan a sobrepasar a las ministras económicas del Gobierno a 45 días de la celebración de las elecciones generales y con menos tiempo aún, solo 20 días, para decidir la Diputación Permanente qué hacen con el paquete de medidas anticrisis y antiinflación que puso en marcha tras la guerra de Ucrania, y que tienen su fecha de caducidad el 30 de junio. Esta tensión acumulada ha empezado a resquebrajar incluso la postura más o menos unitaria mostrada hasta ahora en las filas socialistas del Gobierno, que ha forzado un desencuentro entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

La divergencia ha surgido a cuenta de la prolongación de estas medidas. Hace unos días, Calviño anunció que las ayudas puestas en vigor para afrontar la crisis energética «tienen que irse retirando en España y en todos los países», porque «la Comisión Europea ha solicitado su retirada progresiva y cuanto antes, opinión que comparten otros organismos supervisores». Por ello, Calviño insistió en que el fin de estos descuentos en la energía estarían justificados ya por los elevados niveles de almacenamiento en Europa, que llevan a una situación «mucho más cómoda» que en 2022 respecto a los precios de la energía.

Sin embargo, Montero aseguró ayer en el programa Espejo Público de Antena 3 que el Gobierno mantendrá buena parte de estas rebajas anticrisis «si persiste la situación de anormalidad en los precios que ha provocado la inflación». Y todo a pesar de la bajada experimentada en el IPC durante los primeros cinco meses del año. «El Gobierno no va a retirar esos estímulos que permiten abaratar las facturas y, por tanto, alivian las economías domésticas o la propia cuenta de resultados del sector empresarial», apuntó Montero. En esta tesitura, fuentes gubernamentales negaron cualquier conflicto entre ambos ministerios, ya que «lo que se está estudiando es qué medidas deben prorrogarse y de cuáles se puede prescindir. Si alguna medida de las que llegan a su fin es necesario que se amplíe tres o seis meses más, se hará, no hay duda. Y en eso están de acuerdo ambas ministras».

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos han negado que exista ningún enfrentamiento entre ambas ministras y recuerdan las declaraciones realizadas esta semana por Calviño, en las que aseguró "tenemos que ver cómo sigue evolucionando la situación económica y cuáles son las medidas que necesitamos para la segunda parte del año. Hemos venido haciendo este ajuste cada seis meses desde que nos golpeó la pandemia y se ha demostrado que es la aproximación adecuada porque nos da flexibilidad para ir eliminando aquellas medidas que ya no sean necesarias y prorrogar, reformas o ampliar aquellas que todavía sigamos necesitando en la segunda parte del año". Pese a ello, también recordó que "estamos viendo en estos días que el precio de la electricidad, la energía y los carburantes ha vuelto a los niveles previos a la guerra", defendiendo implícitamente que podrían ser ya revocadas.

Entre los descuentos, ayudas y rebajas en discordia se encuentran el IVA de los alimentos básicos; la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje de transporte público; el descuento de 20 céntimos por litro en los combustibles para el sector del transporte profesional y la pesca junto a las ayudas a las comunidades autónomas y ayuntamientos para la gasolina de los autobuses públicos-; la rebaja del IVA del recibo de la luz del 10% al 5% sobre una potencia contratada de hasta 10 kilovatios; el IVA aplicado al gas natural del 21% al 5%; la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica; la reducción del 80% de los peajes en la industria electrointensiva; o la limitación al precio máximo en la bombona de gas butano.

El descuento en los carburantes o al precio del butano tenían ya «poco recorrido» y las medidas que tienen que ver con el mercado eléctrico y del gas deben «replantearse» al haberse estabilizado los precios en el mercado internacional, confirmaron fuentes ministeriales. Otras ya han sido «sentenciadas», sobre todo las que están relacionadas directamente con la pandemia. Tal es el caso de la rebaja el IVA al 4% para las mascarillas y al 0% para los bienes y prestaciones para combatir el covid o los procedimientos que permiten a los compradores públicos adquirir suministros y servicios en el plazo más breve posible. Las referidas al decreto antidesahucios o a la imposibilidad de despedir de las empresas que se hayan beneficiado de ayudas tienen más posibilidades de alargarse.

Para rematar las diferencias entre ministras, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, confirmó ayer que el Gobierno no acatará la petición de la Comisión Europa de ir desactivando cuanto antes las ayudas y medidas extraordinarias puesta en marcha sobre el sector energético. Las autoridades comunitarias quieren que se empiece a desmontar el armazón ya este verano, pero Ribera ha desechado esa posibilidad tras calificar esta demanda de «optimista» y confirmar que se mantendrá más allá del mes de junio.

La Comisión, en un informe presentado al Consejo y al Parlamento Europeo, explicita que «no hay evidencia» de que sea conveniente prolongar más allá del mes de junio las medidas intervencionistas en el mercado eléctrico. Sin embargo, Ribera ha señalado que este documento es «sólo una recomendación» y que el Gobierno se limitará a analizarlo, pero ya ha advertido de que se mantendrá «de momento» el paquete de medidas en vigor, cuya gran mayoría no finalizarán hasta el 31 de diciembre porque «nos dan tranquilidad y cobertura. Ya iremos viendo de cara a final de año si es necesario seguir las recomendaciones de la Comisión Europea y para 2024 dejar sin efecto estas medidas, o si, por el contrario, tenemos que reivindicar y plantear la necesidad de su prorroga».