Los compradores de vehículos afectados por el "dieselgate" tendrán derecho de indemnización

Malas noticias para la industria automovilística alemana. La justicia europea ha concluido este martes que los consumidores que compraron un vehículo diésel con un dispositivo ilícito, diseñado falsear sus emisiones contaminantes, tienen derecho a una indemnización, si bien corresponde a las autoridades nacionales determinar la cuantía. De esta forma la justicia europea asegura que los perjuicios de esta práctica general no fueron tan sólo generales, ya que contribuyeron a la mala calidad del aire, sino que también perjudicaron a los propietarios individuales que no conocían de la colocación de este dispositivo cuando realizaron la compra.

La Justicia europea ha contestado así a una pregunta prejudicial interpuesta por un tribunal alemán. Un consumidor acudió al Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Rasenburg para denunciar a Mercedes-Benz Group por daños y perjuicios. La empresa alemana instaló en los vehículos de motor diésel comprado por miles de consumidores con un programa informático que reducía la tasa de recirculación de los gases de escape cuando las temperaturas exteriores se situaban por debajo de un determinado umbral, lo que causaba un aumento de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Una práctica que contraviene la legislación comunitaria sobre la calidad del aire.

El Tribunal de Justicia recuerda que la normativa europea obliga a que los fabricantes de los vehículos deban entregar al comprador individual un certificado de conformidad, en el que se especifique que el vehículo cumple todos los estándares, algo que no sucedía Esto lleva a que el alto tribunal europeo concluya que “existe un vínculo directo entre el fabricante de automóviles y el comprador individual de un vehículo de motor, que tiene por objeto garantizar a este último que dicho vehículo cumple la legislación pertinente de la Unión” y, “por tanto, los Estados miembros están obligados a prever que el comprador del vehículo goce de un derecho a ser indemnizado por el fabricante de este. A falta de disposiciones del Derecho de la Unión que regulen los criterios de obtención de una indemnización por parte de los compradores afectados por la adquisición de vehículos equipados con dispositivos de desactivación prohibidos, corresponde a cada Estado miembro determinar dichos criterios”.

A pesar de que el alto tribunal deja vía libre a las autoridades nacionales a la hora de fijar cuantías, también asegura que “la normativa nacional no puede imposibilitar o dificultar excesivamente la obtención de una indemnización adecuada de los daños causados al comprador” ni tampoco “producir un enriquecimiento injusto de los beneficiarios”.

En España, Volkswagen fue condenado a pagar 3.000 euros a cada uno de los 5.444 clientes engañados (16,3 millones de euros en total) en una demanda colectiva de la OCU, aunque este fallo fue recurrido por VW. La cifra de vehículos del grupo VW totales afectados en España ronda las700.000 unidades. La mayoría son modelos de Volkswagen, Seat y Audi.